EE.UU. condena violencia en Nicaragua

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El gobierno de Estados Unidos ha sancionado a tres nicaragüenses por abusos de derechos humanos y corrupción, incluyendo al comisionado de la policía nacional del país por dirigir la paliza y asesinato de manifestantes pacíficos.

Las acciones estadounidenses se producen en respuesta a la crisis actual en Nicaragua y a la violencia que ha dejado, por lo menos, a 220 manifestantes muertos y casi 1,500 heridos, según indica una declaración del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitida el 5 de julio.

La respuesta del gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega a las protestas pacíficas ha incluido palizas a periodistas, ataques contra emisoras de radio y televisión locales y agresiones a madres que lloran la muerte de sus hijos, indicó el Depto. del Tesoro.

Las sanciones, además de acciones anteriores, “demuestran que Estados Unidos expondrá y responsabilizará a los responsables de la actual campaña de violencia e intimidación del gobierno nicaragüense contra su pueblo”, dijo Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado, en una declaración emitida el 5 de julio.

Los sancionados son:

  • Francisco Javier Díaz Madriz, comisionado de la Policía Nacional de Nicaragua, por presuntos abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales bajo su mando. Según se informa, la policía nicaragüense también incendió una casa en Managua, matando a una familia de seis personas, incluidos dos niños pequeños, y disparando a vecinos para evitar un rescate.
  • Fidel Antonio Moreno Briones, líder de Juventud Sandinista, afiliada al Frente Sandinista de Liberación Nacional, por ordenar a la Juventud Sandinista que golpeara a los manifestantes. Moreno también presuntamente participó en el ataque que mató a una familia de seis personas en Managua. Moreno está acusado de robar dinero de los proyectos municipales de Managua y de utilizar fondos municipales para pagar las actividades del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
  • Jose Francisco López Centeno, vicepresidente de Albanisa, que importa y vende productos petroleros venezolanos, y es presidente de la empresa petrolera estatal nicaragüense, Petronic, por utilizar su cargo en beneficio propio y de su familia. Sus delitos incluyen el uso de empresas familiares para ganar contratos con el gobierno. López también presuntamente desvió fondos de proyectos de infraestructura negociando honorarios personales y ha colocado a numerosas personas en todo el gobierno para ayudarlo a robar millones de dólares.

Bajo las sanciones, cualquier activo que estos tres individuos tengan en Estados Unidos está bloqueado, y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido en general realizar transacciones con ellos.

Las acciones de Estados Unidos se autorizaron en virtud de la Ley Magnitsky de rendición de cuentas en materia de derechos humanos mundiales de 2016 (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act), una ley que permite a Estados Unidos nombrar públicamente a individuos, explicar sus delitos y prohibirles utilizar el sistema financiero estadounidense o hacer negocios con ciudadanos estadounidenses.

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