Washington, D. C., 21 de julio de 2021.- El gobierno de Estados Unidos ha ampliado sus recomendaciones para ayudar a las empresas a proteger sus cadenas de suministro e inversiones del riesgo de los trabajos forzosos y de otros abusos a los derechos humanos en Xinjiang.
El secretario de Estado, Antony Blinken, indicó en una declaración realizada el 13 de julio que la alerta comercial actualizada sobre cadenas de suministro en Xinjiang pone de manifiesto el agravamiento de los riesgos que enfrentan las empresas que tienen cadenas de suministro e inversiones en Xinjiang, debido a las entidades que tienen complicidad en trabajos forzados y otras violaciones a los derechos humanos que ocurren allí y en otras partes de China.
El 13 de julio el Departamento de Estado y otras cinco agencias del gobierno de Estados Unidos publicaron la actualización de la Alerta comercial sobre cadenas de suministro en Xinjiang (PDF, 697KB). En la alerta se advierte a las empresas sobre los riesgos legales, económicos y de reputación de las cadenas de suministro vinculadas a los abusos por parte de la República Popular China (RPC) en Xinjiang. Asimismo, la alerta señala que las empresas que se abastecen de productos provenientes de Xinjiang corren un alto riesgo de violar la legislación estadounidense.
Blinken vinculó la alerta a los esfuerzos en curso de Estados Unidos y de sus socios internacionales para responsabilizar a la RPC de los trabajos forzados, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio en Xinjiang.
.@StateDeptSpox: Today, multiple U.S. agencies issued an updated Xinjiang Supply Chain Business Advisory that describes the heightened risks for businesses that have supply chain and investment links to Xinjiang, China, due to the PRC’s ongoing human rights abuses in the region. pic.twitter.com/0ZV90nXhjD
— Department of State (@StateDept) July 13, 2021
La nueva alerta actualiza la versión original emitida por el gobierno estadounidense el 1 de julio de 2020.
Desde, por lo menos, marzo de 2017, la RPC ha llevado a cabo una campaña de represión contra los uigures, que son predominantemente musulmanes, y contra los miembros de otros grupos minoritarios étnicos y religiosos en Xinjiang.
La nueva alerta advierte que muchas empresas con sede en la RPC son cómplices de los crímenes de la RPC, incluido el encarcelamiento de más de un millón de personas en campos de internamiento, la vigilancia generalizada y el trabajo forzado patrocinado por el Estado en industrias como la agricultura, la minería, la energía renovable y los textiles.
El gobierno de Estados Unidos insta a las empresas y a los inversores a revisar sus cadenas de suministro y sus acuerdos comerciales con empresas o productos vinculados a Xinjiang. Advierte a las empresas que no trabajen con compañías de China que utilicen trabajos forzados, suministren tecnología a compañías dedicadas a la vigilancia o financien entidades que faciliten la represión.
Las empresas, investigadores, inversores y demás personas “deben estar conscientes de la importancia de los riesgos legales, económicos y de reputación que conlleva la participación con entidades o personas de Xinjiang o vinculadas a ella que cometen abusos contra los derechos humanos”, dice la alerta.
La alerta también proporciona una guía de comprobaciones debidas para las tecnologías de vigilancia, así como información actualizada sobre las iniciativas del gobierno de Estados Unidos para disuadir las violaciones a los derechos humanos por parte de la RPC. Esto incluye las sanciones contra los funcionarios de la RPC responsables de violaciones a los derechos humanos y la aplicación de la Sección 307 de la Ley de Aranceles de 1930, que prohíbe la importación de bienes si se considera, razonablemente, que han sido elaborados con trabajos forzados.
