Washington, D. C., 21 de agosto de 2020.- “Hola María, vamos a encerrarnos en la casa todo el mes y no vamos a necesitar que vengas a hacer la limpieza”. Así inicia la campaña de sensibilización #CuidaAQuienTeCuida del cineasta mexicano y ganador del Óscar, Alfonso Cuarón, sobre la situación de las trabajadoras domésticas durante la pandemia. Seguramente, a muchos este mensaje les resulta muy familiar. Pero ¿cuántos de nosotros mandamos un mensaje informando a las trabajadoras de nuestros hogares que continuarán recibiendo su sueldo durante la cuarentena?
El statu quo
El trabajo doméstico se define como “el trabajo realizado en un hogar u hogares, o para los mismos” e incluye tareas como limpiar la casa, cocinar, cuidar a personas o conducir el automóvil familiar. Es decir, las trabajadoras domésticas prestan cuidados a otras personas y realizan múltiples tareas para el mantenimiento del hogar. Este trabajo es central y crítico para el funcionamiento de los hogares y de las economías de nuestros países. Sin embargo, históricamente este trabajo no ha sido valorizado y, como resultado, las trabajadoras domésticas enfrentan grandes desafíos.
Según la ONU, en América Latina y el Caribe (ALC) hay 18 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos (comparativamente, hay 27 millones de enfermeras/os en todo el mundo) y, aproximadamente, el 93% son mujeres. Este sector es de gran importancia en el empleo femenino de la región: 14% del total de las mujeres ocupadas son trabajadoras domésticas. Pero más del 77% se encuentra en condición de informalidad.
Consecuentemente, la situación laboral de la mayoría de las trabajadoras domésticas es extremadamente precaria y vulnerable: ingresos muy bajos, horarios laborales largos, trabajo forzado y generalmente sin protección social (sin vacaciones pagadas, licencias por maternidad, seguros médicos, pensiones, etc.). Además, estas trabajadoras también son víctimas de discriminación, racismo y abuso porque un gran porcentaje de ellas son mujeres afrodescendientes, indígenas, rurales y/o migrantes.
Trabajando durante la pandemia
El Coronavirus ha agravado la situación de las trabajadoras domésticas. Según la OIT, el 70.4% están afectadas “por las medidas de cuarentena, la limitación de la actividad económica, el desempleo, la reducción de las horas trabajadas o la pérdida de salarios”. Entre las que pudieron conservar sus empleos, miles fueron obligadas por sus empleadores a instalarse en los lugares de trabajo para reducir el riesgo de contagio; muchas tuvieron que incrementar la cantidad de horas de trabajo sin necesariamente recibir mayor paga, porque sus empleadores las necesitaban para compensar el cierre de escuelas y centros de cuidado; y otras están constantemente expuestas al virus tanto en sus traslados diarios, como en los lugares de trabajo porque sus empleadores no les proveen los materiales de higiene necesarios para su protección.
Algunos países han implementado medidas para mitigar los efectos negativos de la pandemia sobre este grupo de personas. Por ejemplo, Argentina estableció que las trabajadoras domésticas deben gozar de licencias pagadas durante la cuarentena, también las incluyó como beneficiarias del Ingreso Familiar de Emergencia.
Otros países han puesto en marcha campañas de sensibilización dirigidos a los empleadores, y material de información para que las trabajadoras conozcan sus derechos en estos momentos de crisis. No obstante, según una encuesta realizada por la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar a más de 2,600 trabajadoras en 14 países de América Latina, la mitad fue despedida o suspendida sin sueldo y solo el 14% se encuentra en cuarentena remunerada.
Cuidando a quienes nos cuidan
Para mejorar la situación de las trabajadoras en toda la región, es fundamental que nuestros gobiernos no se limiten a tomar medidas reactivas que protejan a estas trabajadoras solo durante una crisis. Deben establecer leyes y regulaciones que impulsen su formalización, garanticen sus derechos y aseguren el respeto de sus condiciones de trabajo.
En los últimos años, algunos países de ALC han avanzado en esta materia ratificando el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos y poniendo en marcha normativas para equiparar sus derechos y combatir la discriminación. Sin embargo, la pandemia ha puesto de manifiesto que estas regulaciones quedan en papel. En ese sentido, es clave que estas vengan acompañadas de procesos de fiscalización para asegurar su implementación, se complementen con acciones que fortalezcan a los sindicatos, faciliten la formación continua, especialización y el desarrollo de habilidades de las trabajadoras, y refuercen la difusión de las normativas tanto entre las trabajadoras como sus empleadores.
Algunas iniciativas que están apoyando estos procesos:
• BID Lab está colaborando con la plataforma digital Zolvers en Argentina, que funciona no solo como una plataforma de intermediación laboral, sino que además ofrece el servicio de registro para los empleadores e inclusión financiera para las trabajadoras.
• Para asegurar el respeto de la Ley de Trabajo Doméstico, el gobierno de Uruguay realiza periódicamente visitas y operativos en los hogares, así como campañas de información, lo que ha permitido incrementar el porcentaje de formalización y afiliación al sistema de pensiones (de 30% en 2004 a 70% en 2019).
• Las Iniciativas de Paridad de Género de Panamá y Costa Rica, apoyadas por el BID y el Foro Económico Mundial, han revisado sus planes de acciones para incorporar medidas que fortalezcan las condiciones de las trabajadoras domésticas.
• La OIT proveen asistencia técnica a los países para realizar cambios y revisiones normativas en pro de estas trabajadoras.
Todas estas acciones están contribuyendo a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas. Sin embargo, los empleadores también tenemos una responsabilidad y un rol clave que desempeñar para asegurar su bienestar. ¿Estás familiarizado con las leyes que protegen a estas trabajadoras en tu país? ¿Conoces sus derechos?
* Andrea Monje Silva es especialista de género de la División de Género y Diversidad (GDI) basada en Argentina, desde donde diseña, implementa y supervisa programas de género y diversidad. Antes de esta posición, trabajaba como consultora apoyando la integración de los temas de género en proyectos de infraestructura (agua y saneamiento, energía y transporte) del BID. También, trabajó en la inclusión de género en la Unidad de Transporte para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, así como en participación política y empoderamiento de la mujer en el Programa de Apoyo al Liderazgo y Representación de la Mujer (Prolid) del BID. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y una maestría en Desarrollo International del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), Francia, y una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Maryland (EE.UU.).
