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Lisa LaRue, una funcionaria municipal encargada de los códigos de construcción en Edison Township, Nueva Jersey, descubrió malas conductas en su lugar de trabajo. Algunos residentes y negocios recibían facturas excesivas por la inspección de su plomería. A otros se les permitía construir estructuras sin obtener los permisos adecuados. Cuando LaRue denunció esto ante sus supervisores fue acosada y se le negaron aumentos salariales y otros beneficios.

LaRue se enfrentó a esto. Planteó un juicio contra el municipio amparada en la «ley del informante» de Nueva Jersey. La población de Edison Township aceptó pagarle 157,000 dólares en un acuerdo de transacción de la demanda.

En gran parte del mundo LaRue no se habría atrevido a hacer la denuncia sobre las malas conductas. Pero el gobierno de Estados Unidos, y los gobiernos de muchos estados estadounidenses, han promulgado leyes para informantes de conductas inadecuadas, los llamados en inglés «whistleblowers», que protegen a los empleados que informan y alertan al público en relación con actividades ilegales o impropias por parte del gobierno.

Al informar a las autoridades encargadas de aplicar la ley y al público los informantes ayudan a evitar:

  • Favoritismo o corrupción al conceder contratos del gobierno.
  • Amiguismo al tomar decisiones sobre personal en las oficinas.
  • Malversación de fondos oficiales.
  • Indiscreciones personales.

Cuando los empleados pueden denunciar problemas sin temor a las represalias sus gerentes pueden tratar esos temas con más efectividad y gestionar el gobierno con «eficiencia y de acuerdo a las normas de la ética», dice Richard Moberly, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nebraska.

La mayor parte de los estados y ciudades de Estados Unidos tienen leyes para los informantes. Más de 20 leyes conceden protección legal a los empleados federales en los campos de seguridad alimentaria, aviación, valores y protección medioambiental.

En 2017, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva y legislación para proteger a los empleados que denuncian irregularidades en el Departamento de Asuntos de Veteranos.

Los empleados del departamento habían sacado a la luz un encubrimiento de tiempos de espera excesivamente largos para que los veteranos militares recibieran atención. La orden ejecutiva creó una Oficina de Responsabilidad y Protección de Denunciantes en Asuntos de Veteranos e impuso nuevas normas de transparencia.

«También tenemos algunos de los empleados más honestos», dijo el presidente Trump cuando firmó la orden ejecutiva. «Algunos de ellos exponen malas acciones. Nos aseguraremos de que estén protegidos».

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