Washington, D. C., 19 de diciembre de 2018.- Millones de posibles ventas se pierden anualmente en contenido digital pirateado, desde películas y programas de televisión hasta programas informáticos. El sudeste asiático es un semillero para este tipo de actividad.
La Asociación de Cinematografía de Estados Unidos (Motion Picture Association of America, entidad que protege la industria cinematográfica estadounidense) ha trabajado junto con el departamento de policía de Hanói para rastrear miles de archivos robados hasta llegar a operadores de la capital de Vietnam. Sin embargo, muy pocos casos terminan en una condena porque leyes contradictorias dejan a los fiscales atados de pies y manos.
“Hasta ahora, no ha habido casi ningún proceso penal por infracción de derechos de autor”, dijo Evan Williams, del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Pero eso podría estar cambiando. Tras la presión del gobierno vietnamita para mejorar la aplicación de las leyes de propiedad intelectual recientemente revisadas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos capacitó recientemente a 120 jueces de todo el país en materia de derechos de propiedad intelectual, en particular sobre cómo juzgar una infracción penal.
“La actual reglamentación de la propiedad intelectual en Vietnam es bastante buena”, dice el juez Duong Tuyet Mien, que asistió a las sesiones de formación celebradas en Hanói el pasado mes de octubre. “Pero algunas disposiciones no han sido bien definidas, lo que dificulta su aplicación”.
Williams dijo que su meta para las sesiones de entrenamiento era pasar el método estadounidense de investigación de infracciones, que implica a las personas en cada etapa de un caso a trabajar juntos de principio a fin.
“Casi todos los casos importantes de propiedad intelectual en la actualidad son transnacionales”, dijo, subrayando la importancia de que las investigaciones no se detengan en la frontera, como lo hacen muchos en la región. Dice que la mayoría de los falsificadores tienen un servidor web en un país, un servidor de correo electrónico en otro país y cuentas bancarias en un tercer país.
Es por eso que las sesiones de capacitación incluyeron a profesionales del derecho de diferentes jurisdicciones, tanto nacionales como internacionales. “Casi todos los grandes casos implican evidencias en varios países”, dijo Williams.
