Dan revés a la pretensión de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de privatizar el Centro de Transferencia Modal (Cetram-Chapultepec), con la decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al aceptar el juicio de nulidad para impugnar el otorgamiento de una concesión en favor de una empresa para el uso, aprovechamiento y explotación de este espacio público.

Por tal motivo, la diputada panista Margarita Martínez Fisher celebró la decisión del Tribunal, pues con esta resolución –explicó- da inicio al proceso de nulidad en contra de 37 actos administrativos relacionados con la privatización de este espacio urbano y otorga un plazo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y a la Oficialía Mayor del gobierno de Mancera para que en los próximos 15 días hábiles contesten la demanda.

Martínez Fisher, quien preside la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Aldf), detalló que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal fijó el próximo 25 de octubre como la fecha de audiencia para dictar sentencia respecto del juicio de nulidad promovido el pasado 2 de agosto, en el que se solicita la revocación del título de concesión que otorgó la administración del gobierno capitalino en favor de una empresa privada.

“La decisión del Tribunal Contencioso Administrativo constituye un paso fundamental en la defensa y protección de los espacios públicos de la capital del país y sienta un valioso precedente para frenar cualquier intento de privatización que afecte a los habitantes de la Ciudad de México”, argumentó Martínez Fisher.

Grupo Carso del multimillonario Carlos Slim, ha sido el mayor beneficiario de este tipo de asociaciones, supervisado por la asociación gubernamental Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, SA de CV, la modernización del Cetram Chapultepec estaría a cargo del Grupo Desarrollo Urbanístico Chapultepec (integrado por el corporativo Inveravante y, como socio minoritario, BBVA Bancomer), a la que se le otorgó una concesión por 44 años.

Simón Neumann, ex titular de la Seduvi, en septiembre de 2014, dijo que la modernización, proyectada para iniciar en 2015, requeriría una inversión de 300 millones de dólares.

Según anunció el ex funcionario en conferencia de prensa, el proyecto involucra la construcción de una torre de oficinas de 70 niveles, centro comercial con hotel incluido, área para una terraza, restaurantes y negocios, estacionamiento subterráneo con capacidad para 2 mil 120 cajones, área de transferencia modal con 130 metros lineales de andenes con capacidad para más de mil 600 vehículos del transporte público, equipo tecnológico y espacio para el comercio informal, de acuerdo con la cartera de proyectos de coinversión en infraestructura de la paraestatal Calidad de Vida, entregada a la Aldf.

El gobierno capitalino abrió a la iniciativa privada la “modernización” de los 48 paraderos que existen en la Ciudad. Los denominados Centros de Transferencia Modal, se dijo, serán concesionados a cambio de una contraprestación. Grupo Carso ha sido el mayor beneficiario.

Es a través de asociaciones público privadas o proyectos de prestación de servicios (PPS) que el gobierno de Mancera emprende la “modernización” integral de los 48 paraderos terminales que existen en la Ciudad de México.

A cambio de una contraprestación, los denominados Centros de Transferencia Modal serán concesionados a particulares para su uso, aprovechamiento, explotación y administración, según lo planeado por las autoridades capitalinas.

Se trata de alrededor de 707 mil metros cuadrados de superficie donde confluyen líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, estaciones de autobuses, Metrobús, sitios de taxis y otros sistemas de transporte.

En febrero de 2014, la administración capitalina publicó en la Gaceta Oficial la Declaratoria de Necesidad para el Otorgamiento de Concesiones para el Uso, Aprovechamiento y Explotación de los Inmuebles en los que se ubican los Centros de Transferencia Modal, para el Desarrollo de la Infraestructura Urbana que Tienda a Elevar el Bienestar y Acceso de los Habitantes de la Ciudad de México a los Servicios Públicos de Transporte.

La Secretaría Seduvi, la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor, de manera conjunta, serán responsables de redactar, evaluar y revisar la documentación y realizar los actos que sean necesarios.

Esto es público y no lo consideró la diputada panista en su comunicado.

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