Ciudad de México, 30 de marzo de 2023.- PSI-Internacional asegura que México tiene una débil ley federal para tipificar como delito grave el robo de identidad. Recomienda a la población, gobierno y empresas a invertir en aplicaciones especializadas en seguridad cibernética. Muchos de los grupos delictivos operan desde China y Colombia de manera particular.
Ezequiel Aguiñiga Tinoco, presidente del Consejo de Administración de PSI-Internacional e investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), calificó como “débil” la legislación mexicana contra los ciberdelincuentes pues favorece los ataques o fraudes a través de dispositivos electrónicos y redes informáticas.
México, afirma, tiene una ley federal débil que tipifica como delito grave el robo de identidad. Expuso que en 27 entidades del país, de las 32 que la conforman, tipifican como delito sólo las acciones de robo o suplantación de identidad, que, para efectos cibernéticos, queda un vacío legal para que alguien sea enjuiciado por la comisión de estos delitos.
Recomendó a la población, gobierno y empresas a invertir en aplicaciones especializadas en seguridad cibernética para poder hacer frente y evitar ser parte de los 925 mil millones de pesos al año en México que se pierden en, por lo menos, 6 delitos que se registran cada minuto.
Urgió obtener programas de seguridad en teléfonos celulares, dispositivos de cómputo del hogar o individuales y un servicio robusto para la industria o fábricas que usan la tecnología como un artículo más para sus servicios.
Añadió que este tipo de delitos se cometen por tres factores importantes: a) un marco legal en ciernes para castigar estas conductas ilícitas, b) el déficit de profesionistas en materia de investigación en fraudes cibernéticos y d) una falta de interés del Poder legislativo para actuar en consecuencia.
Aseveró que muchos de los grupos delictivos operan desde otros países fuera de México, lo que hace aún más difícil que las autoridades de nuestro país investiguen o persigan a los responsables de estas conductas ilícitas, que obtienen millonarias sumas de dólares de manera ilegal.
México y el Convenio de Budapest
México ha mostrado tener un buen modelo de madurez de la capacidad de ciberseguridad, la cual se divide en 5 dimensiones, siendo: (i) política y estrategia de ciberseguridad; (ii) cultura cibernética y sociedad; (iii) educación, capacitación y habilidades en ciberseguridad; (iv) marcos legales y regulatorios; y (v) estándares, organizaciones y tecnologías. Sin embargo, a pesar de que se cuente con altos niveles en su desarrollo cibernético que lo posicione en la región como un exponente en etapas de madurez 2 y 3 (formativa y consolidada) en casi todas las dimensiones, surge la siguiente pregunta: ¿Por qué México no se ha adherido al Convenio sobre Ciberdelincuencia, conocido como Convenio de Budapest?, indica Jersain Llamas Covarrubias, en un artículo, llamado “El estatus de México y el Convenio de Ciberdelincuencia de Budapest”, que sobre el particular, escribió en la Revista Foro Jurídico, en 2020.
Dicho convenio fue firmado en Budapest, Hungría, el 23 de noviembre de 2001 y entró en vigor el 1 de julio de 2004. Es el primer tratado internacional que busca abordar los delitos informáticos y de Internet para armonizar las leyes nacionales, mejorar las técnicas de investigación y aumentar la cooperación entre las naciones. Es decir, es el primer instrumento multilateral jurídicamente vinculante para regular el ciberdelito, en el mismo sentido, posteriormente, surgió el Protocolo Adicional al Convenio sobre ciberdelincuencia, tipificando como delito la difusión de material racista y xenófobo a través de sistemas informáticos, explica Llamas Covarrubias.
Tras desglosar las razones del por qué México no se ha adherido a ese convenio, Llamas Covarrubias concluye que, actualmente 65 estados son miembros del Convenio de Budapest, incluso algunos de Latinoamérica y el Caribe como Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Perú, Paraguay, Chile y Argentina.
Mientras tanto, México se encuentra como observador, pero no se ha adherido, por lo que el presidente de la República tendrá que celebrar la adhesión al Convenio de Budapest, la cual deberá ser aprobada por el Senado, obligando al país a realizar las reformas pertinentes, empero lamentablemente México ha tenido poca reacción de ratificación ante los instrumentos internacionales, tal es el caso del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automático de Datos Personales aperturado desde el año 1981, y que México recientemente lo ratificó hasta el 28 de junio de 2018.
Precisa Llamas Covarrubias que posiblemente, la respuesta más que ser un asunto jurídico, se trata de un tema político. En una lucha por el derecho, es necesario que la ciudadanía se acerque con sus representantes y externen su interés e importancia de seguir insistiendo para que el Ejecutivo Federal dedique un primer paso a la adhesión, para proseguir con su debida autorización del Senado.
En tanto, que varios especialistas sostienen que México carece de conocedores del tema, pese a que ha habido algunos intentos por la creación de una Ley General de Ciberseguridad, como han sido los proyectos de ley, presentado por el Partido Verde, en 2019, y, recientemente, otra del PRD.
