Washington, D. C., 26 de octubre de 2020.- Estados Unidos ha emitido nuevas pautas para ayudar a las empresas a conseguir que sus tecnologías de seguridad no sean mal empleadas por regímenes represivos y utilizadas para violar los derechos humanos o abusar de estos.
Las nuevas pautas muestran a las compañías las precauciones que deben tener en cuenta antes de vender ciertas tecnologías y ofrece recomendaciones para mitigar el riesgo de violaciones a los derechos humanos u otros abusos cuando las ventas avanzan.
Las tecnologías con capacidad para la vigilancia están aumentando a pasos agigantados. Los regímenes represivos con frecuencia utilizan mal ese equipamiento para frenar la disensión, intimidar a grupos minoritarios y atacar a sus adversarios políticos, a defensores de los derechos humanos y a otros, según dijo el alto funcionario del Departamento de Estado, Scott Busby, el 1 de octubre durante una sesión informativa para anunciar la publicación de las pautas.
“Hay una amplia diferencia entre el uso de esas aplicaciones para reunir datos que puedan ser utilizados para ejercer el control social, económico o político, o el uso de tales datos para mejorar la vida y la seguridad de la gente”, comentó Busby.
“Solo trabajando en asociación con empresas de Estados Unidos podemos los que estamos de parte del avance de altas normas y valores proteger contra tal mal uso”.
Products or services with surveillance technology can be misused by foreign governments to infringe on human rights. @StateDept’s voluntary due diligence guidance helps U.S. businesses respect human rights during transactions linked to foreign governments. https://t.co/tFU9u0yOH4
— Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 30, 2020
El Partido Comunista Chino (PCC) utiliza los equipos de vigilancia del sector privado para ayudar a su opresión y monitorización de los uigures y de otras minorías étnicas y religiosas en Sinkiang. El PCC también exporta herramientas digitales para la vigilancia para ayudar a otros regímenes autoritarios a rastrear y castigar a ciudadanos que expresan sus puntos de vista de manera pacífica.
El régimen de Irán ha gastado, por lo menos, 4,500 millones de dólares para construir una red nacional de intranet que incrementará aún más las restricciones en el acceso diario de los iraníes a Internet.
Las pautas del Departamento de Estado, que ofrecen recomendaciones sobre cómo aplicar los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, advierte que los gobiernos o compañías asociadas con regímenes autoritarios podrían utilizar servicios o programas de computación legítimos para la represión.
La guía cita las cámaras térmicas, las herramientas para análisis de redes sociales y los equipos para secuenciar el ADN como ejemplos de los productos que podrían ser un riesgo para las violaciones o abusos de los derechos humanos. Las señales de alerta respecto a esas ventas incluyen el que un país carezca de un sistema judicial independiente, obligue a las firmas privadas a compartir datos delicados o tenga un historial de abusos a los derechos humanos, según las pautas.
En el mes de julio el gobierno de Estados Unidos emitió la Advertencia empresarial sobre la cadena de suministros en Sinkiang y difundió una carta abierta a los líderes empresariales advirtiendo de los riesgos legales, económicos o a su reputación al hacer negocios con firmas chinas que respaldan la campaña del PCC de trabajos forzados, internamientos masivos y represión contra los uigures y otras minorías étnicas o religiosas.
“El liderazgo tecnológico de las empresas de Estados Unidos nunca ha sido más importante”, dijo Busby. “Debemos seguir impulsando la innovación que complementa nuestro enfoque respecto a los derechos humanos”.
