La bancada del PRD en la Aldf se comprometió a dotar de mayores recursos económicos a cada uno de los 329 mercados públicos que existen en las 16 delegaciones del Distrito Federal para evitar su quiebra y que se encuentren en igualdad de condiciones para competir con las llamadas tiendas de convivencia.

La presidenta de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos en la (Aldf), Socorro Meza Martínez, advirtió que está en riesgo de quebrar la pequeña economía, por ello la necesidad de apoyar a los mercados públicos y asignarles más recursos “porque cada caso es diferente en sus requerimientos”, señaló.

Explicó que el próximo presupuesto asignado para los mercados públicos será discutido y aprobado en el periodo ordinario de sesiones de la Aldf e irá etiquetado para cada uno de los 329 centros de distribución, aseveró.

Durante el “Foro hacia la primera Ley de Servicio Público y de Mercados”, al que asistieron más de 300 locatarios, comerciantes y oferentes de distintos espacios de distribución y abasto, la legisladora perredista expresó la urgencia de destinar más presupuesto a los mercados para renovarse, potencializar sus ventas y competir en condiciones iguales con los pequeños centros comerciales”, señaló.

“Vamos a dar acompañamiento a la conformación de la nueva Ley de Mercados Públicos y seremos garantes de una mayor dotación de recursos, porque se requiere su modernización y competitividad dentro del entorno comercial tan cambiante”, reconoció.

Durante el Foro, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Aldf, Leonel Luna Estrada, anunció que en el próximo presupuesto se generarán recursos para la modernización de la infraestructura, y otro rubro etiquetado para generar un fondo para apoyo en potenciar la actividad y crecer y desarrollar los 329 mercados.

Sin embargo, los locatarios participantes en el foro exigieron respetar la asignación de recursos económicos para la remodelación de los mercados púbicos, porque, denunciaron, el dinero no es utilizado para los fines establecidos.

Entregaron una carta a los legisladores en la que piden la no privatización de los mercados públicos.

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