Ciudad de México.- Despreciando las opiniones de una gran cantidad de científicos y académicos, de instancias gubernamentales y otras fundamentales en torno al tema que trata la Ley General de Biodiversidad, el diputado Arturo Álvarez Angli, del Partido Verde Ecologista de México (Pvem), quiere autorizar una Ley de biodiversidad inconstitucional. En 2016, cerca de 50 mil personas firmaron en contra de esta iniciativa a través de Change, recientemente más de 200 organizaciones lo hicieron nuevamente, entre ellas muchas defensoras de derechos humanos, dio a conocer la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad.

Esta minuta resulta inconstitucional porque de manera sesgada, se fundamenta sólo en el Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya fracción XXIX-G otorga facultades al Congreso para Legislar en materia de protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena y omite en su fundamentación el Artículo 27 constitucional que regula los elementos naturales.

Además, pasa por alto el 1o constitucional referente a Derechos Humanos y Tratados Internacionales y el artículo 2o referente a los derechos de Pueblos y comunidades indígenas y Comunidades equiparables a aquellas. Viola derechos humanos básicos entre ellos al uso y disfrute de la biodiversidad, al medio ambiente sano, a la participación, derecho a la alimentación. La cocina mexicana es considerada Patrimonio de la Humanidad ya que es un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales. Un sistema completo desde la siembra y cosecha se vería afectado, ya que dicha Minuta pone en riesgo la biodiversidad y, sobre todo, los conocimientos ligados a ella, pues en materia de agricultura, los impactos del cambio climático se ha reconocido que sólo pueden enfrentarse con la agricultura campesina e indígena. Por ende, y como ya se había mencionado en comunicados anteriores, es necesaria una coherencia legislativa entre biodiversidad y cambio climático.

Por si fuera poco, entra en conflicto con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente, respecto a los derechos de pueblos y comunidades indígenas y de ejidos y comunidades agrarias sobre los recursos forestales que incluyen la Biodiversidad. Asimismo, con la ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Entre las opiniones que está despreciando Álvarez Angli, en su calidad de residente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat), está José Sarukhán, coordinador de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), quien declaró en días pasados que está en riesgo el conocimiento de los pueblos pues “…Hay alimentos básicos en muchos países que han sido desarrollados por su gente, y no es correcto que sean capturados y presentados en otra forma, haciendo todo lo posible por desplazar el trabajo que hicieron aquellas personas”. Esta Ley permitirá la apropiación de los elementos de la naturaleza que son base de la comida mexicana, incluso de conocimientos sobre el uso de las plantas a favor de las grandes industrias: la alimentaria, la farmacéutica y la de cosméticos.

También la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) emitió una opinión en contra de la minuta por conflictos en las atribuciones de las dependencias federales porque “la iniciativa no le define una participación sustantiva, otorga la máxima autoridad a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Conabio, incluso en temas que le atañen a Agricultura”.

Asimismo, los legisladores de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados emitieron opiniones de gran relevancia que no están siendo consideradas, fundamentalmente en el sentido de que la ley debe ser consultada a los pueblos y comunidades indígenas, en los términos que establece el artículo sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

De igual manera, la senadora Silvia Garza, presidenta de la Comisión de Cambio Climático del Senado de la República, dio a conocer a la opinión pública un artículo en que señala que si bien se han incorporado más de 60 modificaciones a la minuta de la Ley de Biodiversidad, propuestas por organizaciones ambientales y expertos, aún hay temas por tratar e incluir y que estas deficiencias en el trabajo legislativo “…abrirán la puerta a múltiples violaciones a los derechos humanos, indígenas además de constantes ataques a los ecosistemas que ya de por sí se encuentran muy vulnerados”. Puntualizó que las cosas deben hacerse bien y “…no se atente a través de asaltos legislativos a nuestro país”.

Organizaciones que trabajan con mamíferos marinos han señalado las imprecisiones que contiene la minuta sobre la reproducción en cautiverios que pondría en grave riesgo a estas especies. De la misma manera sucedería con los aviarios.

Se han emitido varios comunicados firmados por más de 200 personas algunas y más de 300 organizaciones exigiendo que esta minuta se detenga en tanto no se realice una consulta amplia entre la población, académicos y población no afines a los intereses de Ninfa Salinas y su grupo. De igual manera, la pretensión de aprobar la minuta por la Comarnat, sin dar respuesta a la petición formal de consulta, libre, previa e informada, culturalmente adecuada y de buena fe, refleja un profundo desprecio y discriminación hacia los pueblos y comunidades indígenas y las comunidades equiparables a aquellas, quienes serían directamente afectadas por esta medida legislativa.

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