En conferencia de prensa, comuneros de San Lorenzo Acopilco, Delegación Cuajimalpa, lamentaron la poca seriedad del secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, por no atender su llamado de audiencia, a efecto de ponerlo en conocimiento sobre la situación que prevalece en las obras del Tren Interurbano México-Toluca correspondiente al tramo 2 y 3, localizado en La Pila, de ese poblado, mediante resolución de fecha el 19 de septiembre pasado.
Así también para que responda sobre las violaciones al amparo, al derecho agrario y al medio ambiente que padecen los afectados.
El representante legal del Frente Único de Comuneros de San Lorenzo Acopilco, Isaac Salinas García, exigió a las autoridades de la Segob atender los asuntos que dejó pendientes el ex subsecretario Luis Enrique Miranda, hoy secretario de Desarrollo Social (Sedesol).
“Nos bateó y nunca nos dio una respuesta satisfactoria, pese a que cuenta con un expediente que sustenta cómo se llevó a cabo el fraude por más de 47 millones de pesos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entregó a una autoridad de la Delegación Cuajimalpa que se ostentó al mismo tiempo como representante de los comuneros de San Lorenzo Acopilco”, dijo.
Insistió en que el Osorio Chong debe cumplir la instrucción de la Presidencia de la República de atender a los representantes legales de los dos mil 344 comuneros reconocidos judicialmente y a respetar el fallo judicial que ordena suspender definitivamente dicha obra.
Apoyados por legisladores del Movimiento de Renovación Nacional (Morena) en la Aldf, los comuneros citados exhortaron a Osorio Chong acatar instrucción de la Presidencia de la República para ser atendidos.
La diputada Ana Juana Ángeles Valencia exhortó a las autoridades federales a respetar fallo judicial que ordena suspender definitivamente las obras. Dijo que el 8° Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, mediante resolución el 19 de septiembre pasado, ordenó al Juzgado 12° de Distrito en Materia Administrativa decretar suspensión de la obra.
Ángeles Valencia, junto con Olivia Gómez Garibay y Darío Carrasco Aguilar invitaron a las autoridades federales de la SCT, de la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a respetar fallo judicial.
Precisaron que el 8° Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en correlación con el Juzgado 12° de Distrito en Materia Administrativa decretaron suspender definitivamente las obras del Tren Interurbano México-Toluca, correspondiente al tramo 2 y 3, localizado en La Pila, de San Lorenzo Acopilco, mediante resolución del 19 de septiembre pasado.
Destacaron que la SCT y la CFE incurren en total desacato a una orden judicial, al continuar con las obras de sondeos y mecánica de suelo que tienen un costo de más de 93 millones de pesos, de acuerdo cifras proporcionadas por los técnicos que realizan el muestreo del tramo, en franca rebeldía, además que de concretarse la construcción del túnel se perjudicarían bosques nutridos por 16 manantiales existentes, los que también se verían dañados de manera permanente.
Detalló que la defensa y protección de los bienes comunales pertenecientes al pueblo mencionado, afectados por la construcción del tren interurbano, sigue en pie de lucha por parte de los dos mil 344 comuneros de San Lorenzo Acopilco, que fueron reconocidos por su capacidad individual en materia agraria, el 22 de agosto de este año por el Tribunal Agrario.
La lucha va más allá de defender las tierras comunales o de la simple posesión de un pedazo de tierra, se trata, dijeron, de preservar una herencia patrimonial, constituida por áreas naturales protegidas. Ellos son los legítimos dueños del suelo donde habitan, legitimados por un resolutivo del Tribunal Agrario.
Los legisladores les manifestaron su apoyo irrestricto, porque la defensa va más allá de las tierras. Se trata, argumentaron, de preservar su patrimonio y la protección al medio ambiente.
Expresaron que no permitirán se violente el Estado de Derecho, por lo que acompañaran en cualquier acción legal a los ciudadanos que se encuentren en desventaja ante los poderes fácticos o dependencias que buscan engañar y lucrar en perjuicio de la sociedad.
