Karen Janett Carranza J.

Washington, D.C.- Ayer, por la mañana, Scott Pruitt, administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), compareció ante el Congreso donde explicó los recortes propuestos por el presidente Trump al presupuesto de la agencia que dirige, los cuales representan la asignación más baja que la EPA ha tenido durante los últimos 40 años al retirarle 2.4 billones de dólares.

Estos vulneran la salud de todas las familias del país, al recortar 50 de los programas ambientales más importantes de los últimos tiempos. Aunque más del 60% de votantes se oponen a estos recortes y 78% de la población que votó por Trump está en contra de esta reducción presupuestal, la Administración ha elegido omitir el sentir de la mayor parte de la población.

“Queremos que la Agencia de Protección Ambiental regrese a sus ‘misiones principales”, expresó Pruitt durante su audiencia en defensa del presupuesto 2018 para la EPA.

No obstante, con el recorte a los financiamientos ambientales para los gobiernos estatales y locales, éstos quedarán pendiendo de un hilo y la operación de programas gubernamentales en riesgo de extinción, principalmente los dirigidos a la calidad del agua y del aire.

En su presentación, Pruitt manifestó:
“Nos estamos enfocando en la importancia del Federalismo Cooperativo, respetando el rol que juegan los Estados, pues como todos ustedes saben, una estrategia de ‘una medida entalla a todos’ para alcanzar logros ambientales, no funciona. Lo que podría funcionar en Arizona, podría no funcionar en Tennessee. Reconozco que los Estados tienen retos y necesidades ambientales únicos y continuaré mi compromiso con ustedes para sostener discusiones significativas sobre cómo compartir metas ambientales relacionadas a los logros que deben alcanzarse”.

Se ha propuesto que los Estados prescindan de los Fondos Federales y gestionen sus propios recursos. Sin embargo, los congresistas piensan que dejar de asignar presupuesto a los Estados y confiar en que ellos podrán llevar a cabo las acciones de monitoreo, procuración y salvaguarda de los recursos naturales sin Financiamiento Federal, será muy difícil y dificultará el impulso de economías locales así como la investigación científica, respecto a los asuntos ambientales.

Respecto al presupuesto presentado ante el Congreso, Lita Lowey, miembro del Comité de Asignaciones de Estados Unidos, expresó:

“Entre sus perturbadoras relaciones a la industria del petróleo y el gas, su trabajo pasado de hacer menos a la EPA y el escepticismo acerca del rol que las actividades humanas juegan en el cambio climático, supongo que es de sorprenderse que no hayan propuesto eliminar la Agencia por completo”.

Asimismo, agregó que espera que el Congreso rechace de manera bipartidista esta propuesta presupuestal y, en su lugar, adopte propuestas que inviertan en combatir el cambio climático y mantengan el aire y el agua limpios, así como en crear especialmente trabajos verdes.

De acuerdo con una publicación del Washington Post, científicos, abogados, economistas y expertos en políticas que trabajaron en la EPA y se han agrupado bajo la Red de Protección Ambiental, declararon que esta reducción puede debilitar cada función esencial de la Agencia, además de que muestra una inconsistencia en que la institución pueda enfocarse en sus principales compromisos de salvaguardar el aire y agua limpios.

“Hemos visto muchas distintas aproximaciones de políticas y puntos de vista políticos diferentes… pero cuando vemos una propuesta de presupuesto de este tipo, levanta serias preocupaciones sobre la capacidad e integridad de la Agencia”, declaró George Wyeth, abogado que dejó la EPA, en enero de este año tras casi 3 décadas de trabajar en ella.

Durante la Audiencia sobre el Presupuesto asignado a la EPA para el 2018, Betty McCollum, representante del Distrito 4 del Minnesota, dio a conocer que la reducción de la plantilla de científicos que trabajan en dicha agencia asciende a 237 millones de dólares, es decir, un 46% menos para investigación científica y de desarrollo. Es decir, se prescindirá de 3,800 colaboradores que protegen a la población de tóxicos, carcinógenos y otros residuos peligrosos.

Monitoreo de la Calidad del Aire
Aproximadamente, un tercio del presupuesto asignado al monitoreo del aire será recortado y el ‘Código Rojo’ que previene a la población sobre los días con mayor contaminación en el aire será eliminado. Esta acción podría repercutir con más peso sobre la salud de los niños y adultos mayores, quienes son especialmente vulnerables a la contaminación aérea.

El monitoreo de la calidad del aire es importante, pues no existen fronteras a la transportación de contaminantes por este medio, no obstante, los lugares más expuestos a procesos que impliquen la utilización de carbón para la producción de energía, serán los más afectados. Con esto, padecimientos como el asma, cáncer de pulmón y cardíacos podrían ir en aumento significativo. Entre algunos de los contaminantes más riesgosos que dejarán de monitorearse se encuentran el mercurio, smog y plomo.

Residuos tóxicos, otro enemigo a resolver
Alrededor de 1,300 sitios identificados para la disposición de residuos tóxicos dentro del país estarán afectados por los recortes presupuestales propuestos. Esto se reflejará en la ralentización del tratamiento y operación de estos lugares. Omitir o retrasar el tratamiento de los residuos tóxicos incrementa la posibilidad de contaminación de recursos hídricos, que tampoco conocen de fronteras y viajan miles de kilómetros a través del país.

El recorte a los programas de monitoreo de plomo en productos y partículas suspendidas afectará gravemente el desarrollo neurológico de los niños estadounidenses. El plomo es una neurotoxina que afecta de manera significativa el sistema neuronal y su desarrollo óptimo. La afectación de este durante la infancia representa un daño representativo en cada persona por el resto de su vida.

Justicia ambiental también se verá afectada
Otro rubro importante que se ha visto afectado por los graves recortes es el encaminado a la Justicia Ambiental, que se encarga de sancionar a aquellas empresas que contaminan y dañan más el entorno ambiental. Recortar presupuesto a este departamento deriva en la reducción del personal enfocado a dar seguimiento y atención a estos asuntos de vital importancia. No habrá sanción a quienes más dañan la salud de los estadounidenses, pues no habrá personal que pueda llevar a cabo esta ardua tarea.

De esta forma, la misión principal de la Agencia de Protección Ambiental de proteger y salvaguardar la salud de la población queda en entredicho, ya que contará con menos personal que realice las funciones mínimas de una área de esta envergadura.

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