Washington, D. C., 5 de enero de 2023.- La minería de oro en Venezuela lleva años vinculada a abusos de los derechos humanos. Informes recientes describen cómo esta práctica también está destruyendo el medioambiente.
Venezuela alberga el 8% de toda la selva amazónica, que absorbe millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. La selva tropical abarca aproximadamente el 60% del sur del país. No obstante, esta misma región de Venezuela, Amazonas, es también la ubicación de una extensa minería ilegal de oro.
Entre 2016 y 2021 aproximadamente 1.4 millones de hectáreas de la selva tropical desaparecieron, en gran parte debido a la extracción gestionada por el Estado de oro, diamantes y otros minerales preciosos, realizada en el Arco Minero del Orinoco.
De especial preocupación son los informes recientes de organizaciones no gubernamentales estadounidenses y venezolanas que demuestran que las operaciones mineras gestionadas por el gobierno venezolano en el Parque Nacional Yapacana de Venezuela están destruyendo la montaña.
Se supone que el Parque Nacional Yapacana está protegido contra la minería por el gobierno del país. Pero con imágenes de satélite, las organizaciones SOS Orinoco, en Caracas, y Amazon Conservation Association (Asociación para la conservación amazónica), en Washington, han sacado a la luz 8,000 campamentos mineros o piezas de maquinaria en el Parque Nacional Yapacana y 425 campamentos o piezas de maquinaria más en la cima del Cerro Yapacana, una montaña dentro del parque que es sagrada para las comunidades indígenas.
Un antiguo minero declaró al diario Washington Post que han convertido la montaña en arena y que allí nunca podrá crecer un árbol. Además de sus árboles, la montaña alberga especies en peligro de extinción y flora poco común que, que según expertos, probablemente se han perdido para siempre.
Daños a las comunidades indígenas
• Veintidós tribus indígenas étnicas han llamado hogar al Amazonas durante milenios.
• Los abusos contra los derechos humanos han sido comunes en el Arco Minero del Orinoco desde 2016, cuando hombres indígenas fueron obligados a trabajar contra su voluntad y las operaciones mineras ilegales contaminaron los suministros de agua locales.
• En julio de 2022, un grupo de activistas denunció que Virgilio Trujillo Arana, un indígena uwottuja, había sido baleado en la capital del estado de Amazonas. Trujillo Arana era conocido por oponerse a los grupos armados que controlan las operaciones mineras ilegales y por defender la conservación de la selva amazónica en Venezuela.
“La presencia de actores armados no estatales y grupos criminales ha aumentado la violencia, especialmente a lo largo de la frontera con Colombia; en las regiones mineras, y en los centros urbanos”, declaró la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en marzo de 2022. “Hago un llamado a las autoridades para que investiguen todas las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos, prestando especial atención a los derechos de los pueblos indígenas”.
