Ciudad de México, 28 de marzo de 2022.- José Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, expuso que es delicado que el gobierno federal se haya aventurado a realizar ampliaciones y modificaciones a la estructura del Aeródromo Militar de Santa Lucía, sin antes cumplir con divulgar información de cómo afectarían a los integrantes de más de una veintena de poblados originarios.
El gobierno federal incumplió con la consulta a los integrantes de pueblos originarios, con relación a las obras en la ampliación del aeródromo militar de Santa Lucía (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles –Aifa-), por lo que las operaciones aéreas podrían estar comprometidas.
Lamentó que se haya gestado una consulta clandestina, a puerta cerrada, pues los habitantes fueron convocados para una asamblea y no fueron previamente informados; “fue una situación muy opaca, el resto de los pueblos no se enteró sobre lo que estaba pasando (…) en ningún momento se ha cumplido con el convenio 169 de la OIT”, dijo.
Advirtió que una de las primeras afectaciones de los pobladores es el suministro de agua para los poblados aledaños, situación que afectará de manera directa a entidades como Hidalgo, Ciudad de México y la zona mexiquense, que se quedarán colapsadas por la demanda del vital líquido.
Insistió en que “la extracción excesiva del agua ocasiona que se agoten o desaparezcan manantiales, lagos, humedales o disminuya el flujo base en ríos y se abata el nivel del agua subterránea, por lo que la situación ya es considerada crítica”, consideró.
Indicó que existe una denuncia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh) por tal atropello; incluso, hace un par de años se gestaron asambleas a puerta cerrada (clandestinas) para informar sobre estas obras públicas sin el carácter de vinculatorias, ya que los pueblos tienen sus propios métodos de consulta a la población, lo que se conoce como usos y costumbres.
Reveló que de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el gobierno de México, para proyectos de esta magnitud, deben consultarse al menos a 20 comunidades que ya son afectados, sólo en el ámbito del ambiente.
Precisó que este acuerdo estipula que, para ser consultados, los 20 pueblos deben estar bajo un contexto de libertad, ser previamente informados, recibir datos culturalmente adecuados y recibirlos de buena fe, relató el abogado del colectivo.
Las comunidades que deben ser consultadas, según lo estipulado en el convenio 169 de la OIT son: en Tecámac: San Juan Pueblo Nuevo, San Lucas Xolox, Los Reyes Acozac, Santo Domingo Ajoloapan, Santa María Ajoloapan, San Pedro Pozohuacan, San Jerónimo Xonacahuacan, Tecámac, San Pablo Tecalco, San Francisco Cuahtitlixca, San Pedro Atzompa, Santa María Ozumbilla.
En Zumpango: San Sebastián Atlatelco, San Juan Xitlaltepec, Santa María Cuevas Loma Larga, San Bartolo Cuautlalpan, Nextlalpan, San Miguel Xaltocan, San Mateo Acuitlapilco y San Esteban Ecatitlán, entre otras.
