En la Ciudad de Toluca, México, nos reunimos representantes de los países de América Latina y el Caribe, incluyendo gobiernos nacionales, sub nacionales y locales, legisladores, la comunidad académica y organizaciones sociales, para compartir los retos y avances de nuestras ciudades y comunidades, y construir, desde nuestras propias realidades, una visión regional sobre nuestro futuro.

Asumimos esta responsabilidad convencidos de que la consolidación de ciudades y asentamientos humanos en donde todas las personas puedan ejercer en plenitud todos los derechos y libertades es una condición indispensable para abatir rezagos estructurales que flagelan a la población de nuestros países y ciudades, como la pobreza, inseguridad y violencia, inequidad social y territorial, y vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.

Hábitat III se celebrará en un momento decisivo. Es tiempo de asumir compromisos de largo plazo para materializar los esfuerzos de la comunidad internacional que derivaron, durante 2015, en la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre cambio climático, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financiamiento para el Desarrollo; acuerdos que, en su conjunto, reconocen que la prosperidad y el bienestar de la humanidad dependen de nuestra capacidad de lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental de forma equilibrada e integrada, incluyendo la manera en que planeamos, gestionamos y construimos nuestras ciudades y asentamientos humanos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el Objetivo 11, “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, reconocen la relevancia del desarrollo urbano y territorial para mejorar el bienestar de toda la población. Alcanzar las condiciones adecuadas de habitabilidad en las ciudades y los asentamientos humanos para que sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles es una meta cuyo logro está vinculado con la superación de los desafíos que plantean la pobreza, cambio climático, energía e infraestructura y economía inclusiva, entre otros.

El Derecho a la Ciudad es considerado en algunos países como un concepto rector para que el entorno en el que habitan las personas cuente con las condiciones necesarias para facilitar el ejercicio universal y efectivo de todos los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Cuando estos derechos se cumplan y todos los actores asuman el compromiso y la responsabilidad que les corresponde, la urbanización efectivamente generará las oportunidades de desarrollo que la humanidad busca desde que se empezó a concentrar en aglomeraciones urbanas.

Por ello, reiteramos el compromiso de la región, la cual ha desarrollado en los últimos años soluciones urbanas y políticas de desarrollo urbano que pueden contribuir al proceso de construcción de la Nueva Agenda Urbana que se adoptará en Quito en la Conferencia Hábitat III y llamamos a la participación de todos los líderes políticos para que asuman el compromiso de impulsarla. Por su integralidad y alcance, la Nueva Agenda Urbana deberá ser estructurada como un conjunto acotado de compromisos que los gobiernos nacionales, sub-nacionales y sus comunidades adopten como hoja de ruta en la implementación de un nuevo modelo de desarrollo urbano inclusivo y sostenible. Su éxito dependerá de la claridad y contundencia que los países, gobiernos y comunidades imprimamos a los acuerdos que resulten de Hábitat III; y de que seamos capaces de poner en el centro de la Nueva Agenda Urbana a las personas, sus necesidades y sus derechos.

Con esa convicción, los participantes a la reunión regional de América Latina y el Caribe.

Reconocemos que es imperativo:

  • Reconocer que la urbanización y el desarrollo están íntimamente relacionados y que es necesario asegurar la sostenibilidad del crecimiento. La urbanización debe ser un motor de desarrollo con el poder de cambiar y mejorar las condiciones de vida de todas las personas.
  • Destacar el papel de la diversidad cultural y el patrimonio en la rehabilitación y revitalización de las áreas urbanas, como un eje impulsor para fortalecer la participación social y el ejercicio de la ciudadanía.
  • Garantizar que la Nueva Agenda Urbana se construya dentro de un marco de derechos humanos e igualdad de género, en el que la prioridad sea la equidad y sostenibilidad de los asentamientos humanos como medio para el desarrollo pleno de todas las personas.
  • Asumir que el nuevo modelo de desarrollo urbano debe integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible para promover el bienestar y la equidad en la distribución de los bienes y servicios públicos para la reducción de la exclusión y segregación socio-espacial.
  • Recuperar la vocación de la ciudad como un lugar de encuentro, cultura y esparcimiento y un espacio de oportunidades para el desarrollo de las personas, en el que se exprese la pluralidad y diversidad de quienes la habitan, donde el libre intercambio de ideas promueva la innovación y el desarrollo; y donde el patrimonio juegue un papel significativo en los procesos de conservación y regeneración urbana.
  • Asegurar que las medidas que los países adopten en el marco de la Conferencia Hábitat III logren que todas las personas, mujeres y hombres de todas las edades y de todas las condiciones de diversidad humana y cultural, tengan acceso pleno al territorio, la ciudad y todas las oportunidades que estas generen, así como garantizar su participación política, social, económica y cultural en su construcción y desarrollo. Especial consideración se deberá otorgar a los pueblos originarios y comunidades indígenas que están vinculadas a la dinámica urbana o son impactadas por ésta, respetando el patrimonio y la diversidad de los valores culturales.
  • Construir y adaptar las ciudades con perspectiva de género para que permitan y promuevan los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres de todas las edades en el desarrollo, la toma de decisiones y el disfrute de la ciudad y sus espacios públicos, incluyendo la prevención de toda forma de violencia contra mujeres y niñas, a fin de que puedan gozar de un ambiente seguro y de respeto, libre de violencia y ejercer de manera libre y plena su autonomía económica, física y política, lograr su desarrollo y asegurar condiciones de igualdad sustantiva económica, laboral, política y social.
  • Adoptar medidas para asegurar en las ciudades el acceso para todos, en particular las personas con discapacidad, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones incluidos los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, así como su integración efectiva en la comunidad.

Proponemos como elementos clave de la Nueva Agenda Urbana:

Planeación urbana y territorial

  • Incorporar en los esquemas de planeación del desarrollo un enfoque de gestión integral y sostenible del territorio, promoviendo el crecimiento equitativo de las regiones y reforzando vínculos entre las áreas urbanas, periurbanas y rurales, con el fin de establecer relaciones productivas y armónicas entre los distintos ámbitos. Así se avanzará hacia ciudades competitivas, que permitan la transformación productiva, la resiliencia y reducción del riesgo, seguridad alimentaria, el manejo sustentable del suelo y patrones migratorios que no sólo estén determinados por factores de expulsión.
  • Fomentar el desarrollo de la economía urbana que debe traducirse en el beneficio de todas las personas mejorando la calidad de vida. El gasto en desarrollo urbano es una inversión para el bienestar de la población.
  • Promover economías inclusivas que aseguren los modos de vida sostenible y el trabajo decente para todas las personas, tomando en consideración la existencia de otros esquemas económicos, como por ejemplo: las economías solidarias buscando mecanismos de apoyo financiero, las informales, las sociales y circulares que reconozcan especialmente el papel de las mujeres en las mismas, valorando, reduciendo y redistribuyendo el trabajo doméstico no remunerado.
  • Promover que los esquemas de planeación nacionales contengan una visión de sistema de ciudades que reconozca las relaciones funcionales y de dependencia de carácter económico, urbano, ambiental, tecnológico o social, existentes entre un municipio núcleo y otros asentamientos humanos.
  • Promover el desarrollo de ciudades intermedias como centros de servicios a zonas rurales y primer eslabón generador de valor de las cadenas productivas que se originen en el ámbito rural, reconociendo la contribución que hacen las comunidades indígenas en la provisión de servicios eco sistémicos.
  • Privilegiar la regeneración, reconversión y la rehabilitación urbana frente a modelos extensivos y de nueva ocupación del territorio. Los modelos propuestos deben implementarse evitando procesos de gentrificación y expulsión de la población de bajos recursos del centro a la periferia.
  • Incorporar y promover los valores culturales locales evitando la importación de modelos de planeamiento integrales basados en modelos culturales, entornos sociales o marcos económicos ajenos al territorio objeto de planeamiento. Promover modelos de planeación que incorporen la perspectiva de género.

Gobernanza urbana

  • Mejorar la gobernanza urbana paritaria y multinivel en todas las esferas y escalas de ciudades: sistemas y redes de ciudades, mega ciudades, metrópolis, ciudades intermedias y las ciudades pequeñas incluyendo su relación con los ámbitos rurales, promoviendo el desarrollo de mecanismos y marcos legales que garanticen la colaboración y coordinación intermunicipal y entre distintos niveles de gobierno, así como procesos adecuados y equilibrados de descentralización administrativa y financiera que esté acompañada de procesos de fortalecimiento de las capacidades técnicas, administrativas y financieras de los gobiernos locales.
  • Innovar en la gestión metropolitana, mediante mecanismos de planeación, gobernanza, asociación y financiamiento adecuados para garantizar la calidad, eficiencia y asequibilidad de los bienes y servicios que demandan los habitantes de zonas conurbadas, asegurando la coordinación adecuada con los gobiernos nacionales.

Vivienda adecuada

  • Asegurar, en un marco de derechos humanos, esquemas de vivienda incluyentes e integrados en estrategias de urbanización sostenible, que faciliten el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y la mejora de los asentamientos informales. Para ello, es necesario fortalecer los programas y las instituciones que han sido exitosas para abatir el déficit habitacional, cualitativo y cuantitativo, al mismo tiempo que se innova en las estrategias para atender a los grupos que presentan el mayor rezago, incluyendo: mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, población ocupada en la economía informal, y quienes habitan asentamientos irregulares, zonas expuestas a riesgos o localidades rurales de mayor dispersión, entre otros. Dichas innovaciones deben incluir una lógica de servicios de proximidad, esquemas de financiamiento adecuados, asistencia técnica y financiera a quienes auto producen su vivienda, y el desarrollo de nuevos mercados como el arrendamiento, el arrendamiento con opción a compra (leasing) y el intercambio de vivienda usada, propiciando distintas formas de tenencia, garantizando la seguridad de la misma.
  • Reconocer que la reducción del déficit habitacional incluye la estructuración de una política integral de suelos que tenga en cuenta el aprovechamiento del territorio urbanizado, especialmente los vacíos urbanos, la producción ordenada y progresiva de nuevos barrios en el territorio adecuado para la expansión urbana, y la producción de vivienda en las zonas rurales con patrones apropiados al contexto ambiental.
  • Reconocer la informalidad urbana como resultado de mercados de tierras y políticas urbanas disfuncionales, y fortalecer los programas de urbanización e integración de los asentamientos informales. Esos programas deben incluir, según sea el caso, acceso a los servicios básicos, espacio público de calidad, equipamientos comunitarios, como medidas de regularización de la propiedad de la tierra, y la promoción de la seguridad de la tenencia, así como el establecimiento de métodos y estrategias para la prevención y mediación de conflictos.

Agua y saneamiento

  • Desarrollar la infraestructura de abastecimiento de agua, alcantarillado, limpieza pública, manejo de residuos sólidos, drenaje urbano y manejo de aguas pluviales, necesaria para garantizar el acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene adecuados.
  • Asegurar que dicha infraestructura forme parte de planes y proyectos urbanos articulados e integrados, incluyendo las intervenciones en materia de habitación, movilidad, entre otras, y cuente con la participación de la población local.

Movilidad sostenible

  • Acelerar la transición de las ciudades hacia modelos de movilidad sostenible inclusivos y equitativos, que respondan a las distintas necesidades de accesibilidad de las personas, reconociendo los requerimientos de movilidad de mujeres y hombres, y que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en las urbes. Esta transición deberá reflejarse en las prioridades de inversión en infraestructura, en medidas para garantizar la seguridad vial y reducir las muertes y lesiones graves por accidentes viales y, sobre todo, en un reparto adecuado del espacio público, con miras a mantener en el reparto modal una mayor participación del transporte público y los medios no motorizados que combaten el sedentarismo y previenen enfermedades no contagiosas en las ciudades.
  • Integrar los procesos de planeación urbana y de la movilidad, con el fin de reducir drásticamente el número, la distancia, duración y costo de los traslados de la población. Entre otras estrategias, se propone el modelo de desarrollo orientado al transporte, la revisión de las densidades habitacionales, promoción de usos mixtos, cambios en la normativa que regula la dotación de estacionamiento en la ciudad y el modelo de desarrollo urbano policéntrico, aunado a una mayor flexibilidad del mercado de la vivienda.
  • Adoptar estrategias de financiación del sistema de transporte público que garanticen su viabilidad y promuevan su sustentabilidad económica, permitiendo el acceso de toda la población al servicio por medio de tarifas asequibles.

Gestión del suelo

    • Promover la función social y ecológica del suelo, incluso para la seguridad alimentaria y nutrición, para promover ciudades equitativas mediante una política que haga un reparto justo de cargas y beneficios de la urbanización y evite procesos de segregación. Para ello es necesario contar con una regulación del mercado de suelo para asegurar la captura y redistribución del valor creado como resultado de procesos de urbanización, a partir de herramientas fiscales y de planificación y gestión urbana, así como evitar las prácticas especulativas. Innovar en los instrumentos de planeación para garantizar crecimiento urbano ordenado, minimizando la prevalencia de vacíos intra urbanos y consolidando densidades óptimas al interior de la ciudad. En esta labor, la cooperación para el diseño, financiamiento e implementación de sistemas de indicadores urbanos e información geográfica de vanguardia, es esencial.
    • Crear y recuperar espacios públicos de calidad que sean accesibles y seguros, y propicien la cohesión social, la interacción entre las generaciones, las oportunidades de subsistencia, incluyendo en las zonas periféricas. Asimismo, fortalecer las estrategias para la conservación y preservación del patrimonio y del paisaje, y ampliar la accesibilidad y mejorar la conectividad en las ciudades mediante la eliminación de todo tipo de barreras.

Medio ambiente, cambio climático y resiliencia

      • Reducir significativamente el impacto de las ciudades en el cambio climático, mediante la promoción de patrones de consumo y producción sostenibles, que deben ser modificados, incluyendo la gestión del suelo urbano, de residuos, del agua, saneamiento, contaminación del aire, generación y aprovechamiento de energías limpias y renovables, áreas verdes, infraestructura y vivienda sostenible, programas de eficiencia energética y, en general, el manejo sustentable de los recursos naturales que consume la ciudad, así como la restauración de ecosistemas degradados.
      • Incrementar las medidas preventivas y reactivas para elevar la resiliencia de las ciudades, es decir, su capacidad de recuperarse en el menor tiempo posible ante eventos extremos, minimizando las pérdidas humanas, ambientales y económicas a través de la reducción y gestión del riesgo de desastres.
      • Prevenir y reducir la exposición al riesgo de personas ubicadas en asentamientos informales a través, inter alía, intervenciones in-situ y reubicaciones planificadas de la población dependiendo de las circunstancias específicas.
      • Integrar la gestión del riesgo de desastres en el uso y la ocupación del territorio, permitiendo que la planificación del desarrollo territorial integre, en sus componentes biofísicos, económicos y socio ambientales, acciones holísticas para prevenir condiciones de riesgo futuras y mitigar las presentes.
      • Desarrollar y aplicar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, que sirvan para prevenir y reducir nuevas condiciones de vulnerabilidad ante los desastres asociadas a la ocurrencia de fenómenos de variabilidad y/o cambio climático.
      • Para el desarrollo sostenible de la región, resulta fundamental una nueva generación de políticas nacionales urbanas construidas sobre la base de un nuevo paradigma de urbanización que promueva accesibilidad, vivienda adecuada, equidad, seguridad, movilidad, e identidad cultural.

Identificamos, como elementos clave para la instrumentación de la Nueva Agenda Urbana:

a) En el ámbito nacional y local:

      • Diseñar modelos innovadores de gobernanza multinivel, en donde los distintos órdenes de gobierno participen de manera coordinada y corresponsable en el desarrollo territorial, estableciendo compromisos de largo plazo, cuando sea posible. Impulsar políticas nacionales urbanas y la revisión de la legislación vigente que permita a los gobiernos sub-nacionales y locales planificar y gestionar las ciudades, conurbaciones y vínculos urbanos rurales de manera sostenible y participativa, de forma alineada y articulada con las estrategias de desarrollo nacional.
      • Promover la solidez institucional, profesionalización, transparencia, rendición de cuentas en la gestión urbana, basada en el uso eficiente y acceso a la información, y que el desarrollo urbano sea asumido como un compromiso social y político cuya realización demanda la asignación de recursos suficientes y oportunos que permitan lograr una transformación a largo plazo.
      • Asumir que el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, la sostenibilidad y la vivienda son responsabilidad de los diferentes órdenes de gobierno, incluidos los niveles intermedios entre la autoridad nacional y las locales.
      • Establecer espacios efectivos para la participación ciudadana en el desarrollo de sus ciudades y asentamientos, como una herramienta y oportunidad para fomentar la buena gobernanza, la cohesión social y la consolidación democrática. Dichos espacios de participación deben ser promovidos en la planeación, ejecución y seguimiento de las obras y proyectos que tienen un impacto en el desarrollo sostenible de la ciudad y acompañados con procesos de empoderamiento y corresponsabilidad de los ciudadanos. Por ello, es indispensable un espacio de dialogo, elaboración conjunta y seguimiento compartido entre gobierno nacional, gobiernos sub nacionales, y representantes de la sociedad civil y sector privado, lo que además garantiza el compromiso y la sostenibilidad del proceso.
      • Promover mecanismos de financiamiento sub-nacional basados en el fortalecimiento de los mecanismos de recaudación en las ciudades incluyendo impuestos a la propiedad y la captura de valor de suelo urbano, y asociaciones público-privadas entre otras, para complementar la transferencia de recursos públicos nacionales. Estas medidas deben contribuir a la mejora de las condiciones de habitabilidad de toda la población, especialmente de la población con deficiencias de infraestructuras y servicios urbanos, promoviendo instrumentos y mecanismos del desarrollo económico local a partir de los recursos endógenos de las ciudades y territorios.
      • Utilizar tecnologías de la información y comunicaciones al servicio de la población y la toma de decisiones públicas, que eleven la calidad y pertinencia de la planeación territorial, la eficiencia en la prestación de los servicios urbanos, permitan el manejo sustentable de los recursos naturales y faciliten el monitoreo la evaluación y rendición de cuentas a través de observatorios ciudadanos. Promover la generación y disponibilidad de información, datos e indicadores desagregados por sexo, edad y territorios, entre otros.
      • Cambiar los paradigmas prevalecientes sobre el uso y la forma en que nos relacionamos en el espacio público, así como una nueva cultura de producción y consumo sostenible de los bienes, servicios y amenidades urbanas, en donde gobiernos nacionales, sub-nacionales y locales, la comunidad académica y el sistema educativo, los medios de comunicación y organizaciones sociales juegan un rol determinante.


b) En el ámbito internacional:

      • Fortalecer el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU-Hábitat, dotándolo de los recursos adecuados y estableciendo modalidades de trabajo adecuadas para que continúe siendo la principal autoridad en materia de desarrollo urbano sostenible dentro del Sistema de Naciones Unidas. Demandar a los organismos, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas para que trabajen de manera eficaz, coherente y coordinada en la implementación de la Agenda 2030, en especial en lo referente a los temas que contemplan el desarrollo urbano sostenible y la vivienda.
      • Ampliar las oportunidades de cooperación internacional, incluyendo la cooperación norte-sur, sur-sur, triangular y descentralizada, y la movilización de recursos financieros procedentes de todas las fuentes para contribuir a la aplicación de los acuerdos que se adopten en la Conferencia Hábitat III.
      • Fomentar la participación de la sociedad civil, autoridades locales, parlamentarios, sector privado, comunidad científica, academia, filantropía y fundaciones, y voluntarios en la implementación de la Nueva Agenda Urbana, a través de asociaciones entre los distintos actores, para movilizar y compartir recursos, conocimiento, experiencias y tecnología complementando los esfuerzos de los gobiernos.

Seguimiento y examen

      • Consideramos indispensable un mecanismo de seguimiento de la Conferencia Hábitat III para evaluar avances en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana, para identificar los retos y vacíos en materia de desarrollo urbano que demanden de cooperación internacional, incluyendo la movilización de recursos financieros.
      • Dicho mecanismo de seguimiento también deberá generar insumos en materia de desarrollo urbano sostenible para que alimente los trabajos del Foro Político de Alto Nivel que realizará la evaluación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En ese sentido, proponemos considerar la creación de mecanismos de seguimiento regionales.
      • Promover el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades de los países en desarrollo para aplicar la nueva agenda urbana, incluyendo la movilización de medios de implementación adecuados.

Nos comprometemos y acordamos promover esta declaración como un insumo para la Nueva Agenda Urbana y para los acuerdos que se adopten en la Conferencia Hábitat III, y nos comprometemos a utilizar sus consideraciones y propuestas como elementos orientadores para la planificación y gestión inclusiva y sostenible de nuestras ciudades y asentamientos humanos durante las próximas décadas.

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