Ciudad de México, 3 de septiembre de 2020.- Para la Procuraduría Agraria la regularización de solares urbanos en núcleos agrarios es una tarea prioritaria, aseveró su titular, Luis Hernández Palacios Mirón.
Además, aseveró, que la coordinación de esfuerzos es fundamental para que los propietarios de la tierra logren la seguridad jurídica y accedan a programas de mejoramiento urbano del gobierno federal.
“La Procuraduría Agraria, conjuntamente con las instituciones agrarias del gobierno federal, impulsa, entre otras acciones prioritarias de la presente administración, la regularización de solares urbanos en cerca de 9 mil ejidos y comunidades del país que representan el 30 por ciento de los más de 32 mil núcleos agrarios ya certificados, a fin de otorgar seguridad jurídica y certeza documental a sus legítimos propietarios”, precisó.
Hernández Palacios Mirón señaló que a través del Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (Rraja-Fanar), se ha dado especial atención a la regularización de núcleos agrarios de alta marginación, especialmente indígenas, para que dispongan del título de propiedad y pueden acceder a los programas de vivienda y de mejoramiento urbano del gobierno federal.
Adicionalmente, dijo, la Procuraduría Agraria trabaja estrechamente con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus) para lograr la regularización de asentamientos irregulares en otros 1,000 núcleos agrarios que a lo largo del territorio nacional han sido impactados por el crecimiento de la mancha urbana en terrenos de propiedad social.
En este sentido, Hernández Palacios Mirón destacó la coordinación existente en las dependencias del gobierno federal para atender y resolver la conflictividad urbana –agraria que se presenta en el país, con casos de asentamientos irregulares o ventas de terrenos ejidales en los que incluso hoy en día están asentados fraccionamientos de lujo que deben ser regularizados.
Para atender este fenómeno, recalcó, las instancias del sector agrario de la Federación impulsan acciones concertadas que garanticen no sólo la certeza documental de la propiedad, sino que también propicien tranquilidad y paz social, así como beneficios para las familias del medio rural.
Hernández Palacios Mirón subrayó que en el ámbito de competencia de la Procuraduría Agraria, se ha dado a la tarea de promover el mecanismo de la mediación para avanzar en la concertación de acuerdos, con los que se han alcanzado resultados positivos en Estados como Quintana Roo y Yucatán, que protegen la propiedad social como alternativa eficaz de desarrollo y beneficio social para sus habitantes.
