Paquete económico orilla al campo al precipicio

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Ciudad de México, 14 de septiembre de 2020.- Angustioso, desolador, devastado, árido, castigado y acuchillado, es como definen dirigentes campesinos el verdadero rostro del campo mexicano. Agricultores, agrónomos y transportistas rurales, adheridos a 18 organizaciones rurales, ponen el dedo en la llaga y hacen un enérgico llamado a los legisladores y a todas las fracciones políticas representadas en el Congreso de la Unión ver por el futuro del país y, sin distingos partidistas, unidos, luchar por un presupuesto justo y real para el agro nacional.

Aseguran que el paquete económico de egresos del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) es injusto, adolece de recursos y suprime programas imprescindibles para la actividad agropecuaria nacional.

Alertan que existe una crítica situación que pone en riesgo la productividad del agro mexicano y va en contra de las promesas presidenciales de lograr la autosuficiencia y soberanía alimentaria. Le recuerdan al presidente López Obrador que en plena crisis sanitaria el campo dio la cara por la economía nacional y le acentúan que los temas de salud y de seguridad alimentaria deben ser prioridad.

Hace unos días, las dirigencias nacionales de 18 organizaciones sociales y campesinos del país dieron a conocer a la opinión pública un posicionamiento respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Campo 2021, que firman bajo el lema: “El Campo nos une” y en el cual advierten que vienen tiempos aún más difíciles por lo que piden “promover un presupuesto que blinde lo que más queremos: salud y alimentos en las mesas de las familias mexicanas”.

Entre estos organismos está la priista Confederación Nacional Campesina (CNC). En entrevista, Víctor Manuel Galicia Ávila, del Comité Ejecutivo Nacional cenecista, dijo que el proyecto de presupuesto de egresos que presentó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 1 de septiembre, adolece de recursos y suprime programas, que de por sí eran pocos en administraciones anteriores y que ahora son menos, lo que quiere decir que el campo será doblemente castigado.

“Hay una preocupación mayor, porque el campo adolece de muchas carencias y rezagos que no han sido atendidos oportunamente por parte del gobierno federal, que mantiene una postura en contra de brindar apoyos para enfrentar la crisis económica y sanitaria y humanitaria por la muerte y desapariciones de mujeres, indígenas y líderes sociales, lo que evidencia la presencia de una crisis humanitaria y a punto de perder el privilegio de estar en las 15 economías del mundo por esta situación”.

Por su parte, en plática, vía Internet, con José Durán Vera, líder de la perredista Unión Campesina Democrática (UCD), integrante del Congreso Agrario Permanente (CAP), con relación al contenido del documento que dieron a conocer públicamente, reforzó la petición de las dirigencias nacionales en el sentido de que exigen lo justo y siguen a favor que los apoyos se entreguen de manera directa a los productores.

“Tal como lo especifica el documento, nuestras organizaciones son sociales, dan voz a las necesidades de millones de personas que viven en el medio rural; por ello, respaldamos la posición de apoyar prioritariamente a los más pobres, pero los más pobres de los pobres están en el campo y la pobreza se combate con programas productivos no con asistencialismo. Oportunidades, no dádivas”, repitió.

Insistió el líder agrario, “es muy claro nuestro manifiesto: Hoy, la propuesta recibida de la Secretaría de Hacienda para 2021, prácticamente mantiene el recorte para el campo respecto a 2018 con 49 mil 291 millones de pesos.

“Asimismo, y lamentablemente, reitera el enfoque donde sólo 1,548 millones, es decir, 3 de cada 100 pesos de la Sader (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural) son para el fomento productivo para la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura y donde sectores vulnerables como las mujeres rurales, carecen de una partida específica. De igual forma, el financiamiento rural es golpeado con la eliminación de la Vertiente Financiera del Programa Especial Concurrente (PEC), el cual agrupa el gasto destinado al desarrollo rural de todas las dependencias federales”.

Además, agrega, en el posicionamiento, somos más que elocuentes al resaltar que sabemos que la economía mexicana atraviesa un momento sumamente complejo, pero, recalcamos que estamos convencidos que el tema de salud y de seguridad alimentaria deben ser prioridad.

Transporte campesino, a la deriva
Al ser cuestionado por este reportero, vía telefónica, Salvador Rivera Castrellón, dirigente de la cenecista Unión Nacional de Transportistas Campesinos (Untrac), fue directo al señalar que se debe apoyar directamente al campo, a los trabajadores rurales, y no por medio de las dependencias que, suena como si se apoyara a los funcionarios.

Consideró que deben bajarles el presupuesto pues, dijo, son como un “barril sin fondo” (como Pemex) que solo generan plazas laborales para los amigos e incondicionales políticos.

Existe un pretexto de apoyo al campo por medio de las dependencias oficiales, pero solo es tirar el dinero en una burocracia improductiva, señala y puntualiza: “A nosotros los campesinos del transporte, los que llevamos los alimentos a las centrales de abasto y transportamos compañeros del campo a sus lugares de trabajo, nunca nos llegan los dichosos apoyos al campo del gobierno”.

Aseveró que la mayor parte del dinero lo absorbe la burocracia; que si no hay créditos accesibles para producir, menos para el equipo de transporte (carga y pasaje). Nos están acuchillando, sentenció.

¿Foro falido?
El senador de Morena José Narro Céspedes organizo el foro virtual: “Análisis y propuestas para el Presupuesto 2021 del Sector Agrícola y Ganadero”, y convocó a los participantes a integrar un grupo de trabajo para presentar al presidente de la República y al secretario de Hacienda y Crédito Público una propuesta de presupuesto suficiente para impulsar la producción agropecuaria a nivel nacional.

Narro Céspedes, presidente senatorial de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, junto con organizaciones campesinas y representantes del sector agropecuario, solicitaron al Gobierno Federal que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, 2021 se incluya apoyo suficiente para sacar adelante al campo, con el fin de asegurar la autosuficiencia y soberanía alimentaria del país.

La senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, en su participación, exhortó a legisladores de todas las fuerzas políticas y a los coordinadores del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, a sostener una discusión con el Ejecutivo Federal para discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, toda vez que se vislumbra -dijo- restringido y encaminado al sector salud.

Afirmó que hay otras áreas donde, actuando con racionalidad, se podrían encontrar recursos. Por ello, consideró que no se debe limitar presupuesto a quienes producen alimentos. Sin embargo, todo parece indicar que no prosperó la reunión.

En su Primer Informe de Gobierno, el 1 de septiembre de 2019, López Obrador afirmó que “el rescate al campo es fundamental para lograr el fortalecimiento de la economía popular y en la política productiva que lleva a cabo el Gobierno de México, representa una prioridad”. A un año, en su Segundo Informe de Gobierno, solo se concretó a citar al poeta tabasqueño Carlos Pellicer: “que coman los que nos dan de comer”.

Mientras tanto, diputados del PRI y Movimiento Ciudadano alertaron que desaparecieron programas y partidas que en otros años han estado dedicados a la productividad del campo y la ganadería.

Tan solo el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) viene con una reducción de 5 mil millones de pesos, al pasar de 339 mil 870 millones a 334 mil 875 millones para el 2021.

Se eliminaron los fondos de financiamiento, cuando aún no se concreta la propuesta de una nueva financiera rural. Hay un engaño en el presupuesto de la Secretaría de Agricultura, aunque haya un incremento del 3 por ciento.

Anularon diversos programas productivos y los organismos que atendían temas del campo y no se consideran incrementos en los insumos que sufrió el sector rural. Además, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que entregó la Secretaría de Hacienda mantiene el enfoque de condenar al campo.

Agricultura beneficiaría a más de 180 mil productores de maíz y frijol con precios de garantía
Mientras tanto, La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) estimó que en el ciclo primavera-verano 2020 las bodegas habilitadas por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) adquirirán un millón 600 mil toneladas de maíz provenientes de 123 mil productores de pequeña escala (con menos de cinco hectáreas) de 30 estados de la República, quienes recibirán el precio de garantía de cinco mil 610 pesos por tonelada, más 150 pesos por tonelada como apoyo para transporte del grano.

Asimismo, Segalmex adquirirá 300 mil toneladas de frijol de primavera-verano 2020 y de otoño-invierno 2020-2021, con precio de garantía de 14 mil 500 pesos por tonelada; este frijol provendrá de 37 mil 500 productores de pequeña escala de 19 estados.

En cuanto a productores de mediana escala, se prevé que Segalmex beneficiará con precios de garantía a 28 mil productores de maíz de mediana escala de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Michoacán en sus cosechas de primavera-verano 2020.

Durante la vídeo conferencia “Precios de Garantía para maíz y frijol y su impacto productivo y económico en el sector rural”, se informó que, en estas acciones, Segalmex cuenta con una red de 800 centros de acopio de maíz y frijol en 30 estados del país, los cuales reciben los granos básicos que tienen como destino prioritario atender las necesidades de Diconsa para el aprovisionamiento de su red de abasto social.

El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, afirmó que el programa Precios de Garantía, que opera el gobierno federal desde el 1 de diciembre de 2018, es una gran conquista, pues ha devuelto al Estado la atribución de regulador y equilibrador del mercado de alimentos básicos.

Esos precios, que se aplican a maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche, establecen pagos justos a productores de pequeña escala y también compras garantizadas de cosecha por medio de Segalmex, dijo en el foro, realizado en la edición 12 del ciclo de conferencias “Autosuficiencia alimentaria e innovación tecnológica con prácticas sustentables”.

El director general de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, destacó el apoyo que esta institución sectorizada en la Secretaría de Agricultura brindó en los primeros cinco meses del año a 65 mil 776 pequeños y medianos productores, de quienes se ha logrado un acopio de 760 mil 358 toneladas de maíz y 47 mil 900 toneladas de frijol, así como 168.5 millones de litros de leche a precio de garantía.

La directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores de Campo (Anec), Leticia López Zepeda, expuso la política de “mercado libre” que rigió entre 1982 y 2018, lapso en el que los precios internos al productor estuvieron alineados a los precios internacionales, los cuales son vulnerables ante movimientos especulativos de las bolsas de materias primas e incluso en las financieras.

En ese periodo, comentó, rigió un “modelo de desruralización compulsiva”, con creciente concentración en pocas manos de los procesos de mercado agrícola, con volatilidad, incertidumbre y niveles bajos en los precios al productor y con una gran exclusión de los campesinos.

Eso es de gran importancia, si se considera que en el país tenemos 5.3 millones de unidades de producción y de ellas 73 por ciento, casi cuatro millones de unidades, se encuentran en la precariedad con ingresos anuales promedio de 32 mil pesos; 2.7 millones de unidades tienen excedentes y vinculación al mercado, y 1.2 millones son de subsistencia, indicó.

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