Texcoco, Estado de México, 25 de octubre de 2019.- El nuevo marco jurídico agrario debe garantizar la unidad territorial y articular los derechos de campesinos, pescadores y acuicultores con la generación de nuevas capacidades productivas.
Esta nueva perspectiva debe orientarse hacia la unidad territorial en la cual se reconozcan los derechos individuales y colectivos de ejidatarios y comuneros, así como de pueblos autóctonos, que les permita acceder a la retribución justa y equitativa de la riqueza con que cuentan sus territorios.
Las modificaciones legislativas deben contemplar, entre otros aspectos prioritarios, la dimensión real del territorio, los derechos de sujetos agrarios y pueblos originarios, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos que disponen los núcleos en nuestro país.
Así se expresó el procurador agrario Luis Hernández Palacios Mirón, durante su participación en el Foro: “Derechos Campesinos, Pescadores y Acuicultores de México: Situación y Retos”, que tuvo lugar en el Auditorio Emiliano Zapata, de la Universidad Autónoma Chapingo (Uach).
En este emblemático lugar, dijo que la comprensión de territorio concibe al campo no solo como la tierra, sino también “es agua superficial, es bosque, es selva, la biodiversidad, los manglares, la riqueza genética, el conocimiento tradicional, los lugares sagrados, que constituyen una unidad que los pueblos originarios de nuestro país han denominado territorio”, enfatizó.
Con la presencia del rector de la Uach, José Solís Ramírez, estudiantes y académicos de esta casa de estudios, Hernández Palacios apuntó que foros como este “van a ir abriendo nuevas perspectivas que contribuirán de manera eficiente, como corresponde a la misión y objetivo de las instituciones de educación superior, al diseño de las nuevas políticas públicas y de los nuevos instrumentos legislativos”, apuntó.
Solís Ramírez ofreció que se tomarán en cuenta todos los trabajos que se expongan en el Foro, y que con base en los resultados que surjan del mismo se podrían transformar las políticas públicas del campo en beneficio de las familias del medio rural.
