Alrededor de 96 millones, de los casi 200 millones de hectáreas con que cuenta el territorio mexicano, han sido concesionadas al sector privado, especialmente a empresas mineras y desarrolladoras de represas y de fracturación hidráulica, de las cuales 70 por ciento se adjudicaron a mineras canadiense, dio a conocer hoy el Frente Indígena y Campesino de México (Ficam).
El problema se agudizará con la puesta en operación de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) que el gobierno federal tiene previsto iniciar en los próximos meses. Las ZEE son un proyecto gubernamental, consistente en desarrollar ciertas regiones del país con fuerte potencial económico.
La Ley federal de Zonas Económicas Especiales prevé instaurar tres de ellas de inicio, que son:
- Corredor Industrial Inter-Oceánico, en el Istmo de Tehuantepec, que conectará al Océano Pacífico con el Golfo de México.
- La zona de los municipios de Michoacán y Guerrero que colindan con el Puerto de Lázaro Cárdenas.
- La Zona Económica Especial, en el Puerto de Chiapas
El presidente Peña Nieto dijo que esas tres primeras Zonas Especiales son lugares con alto potencial y que, además, ofrecen la posibilidad de coordinarse con el resto del país y algunos mercados internacionales.
Las ZEE se ubicarán en Puerto Lázaro Cárdenas, que abarcará municipios colindantes de Michoacán y Guerrero; el Corredor Interoceánico de Tehuantepec, que incluye Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca, y Puerto Chiapas, Chiapas.
Se espera que con la creación de esas zonas se generen 115,000 empleos directos de calidad en los próximos 10 años, según los datos liberados por la presidencia.
A decir del gobierno federal se impulsarán las ZEE con otras acciones que complementen este proyecto, como son:
- Políticas públicas para fortalecer el capital humano e incentivar la innovación junto con universidades públicas y privadas.
- Estrategia de seguridad que permita el libre tránsito de personas y mercancías por las ZEE.
- Proyectos de comunicaciones e infraestructura energéticas que eleven la competitividad.
En contraparte, el Ficam dijo hoy que tales acciones “atentan contra la vida, ambiente, cultura y costumbres de nuestros pueblos originarios”, debido a que las leyes secundarias de la reforma energética sobreponen el derecho a la alimentación, no sólo de los pueblos originarios, sino del pueblo mexicano.
Este problema se agravaría por la posible firma del Acuerdo Estratégico de Asociación Económica Transpacífico (TPP) “aún con el retiro momentáneo de EU”, aseguró la organización político campesina.
En México, existe unos 10 millones de pobladores indígenas y 6 millones de campesinos (estos datos pueden no ser exactos, porque los registros oficiales tienen una fuerte connotación político social) y para su defensa existe más de medio centenar de organizaciones, igualmente, político sociales, fuertemente fragmentadas que actúan, por lo general, con una agenda propia.
Algunas han logrado algunos éxitos en su proyecto de lucha contra esos gigantes transnacionales. Particularmente, está el caso de la presa El Zapotillo, en Jalisco, donde se mantienen en suspenso las obras, pero no lograron parar las correspondientes al Acueducto Independencia, en Sonora, ubicada en el noroeste nacional, a pesar de la lucha de hace casi una década.
Wilfrido Hernández, integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (Cnpa-MN), dijo que su organización ha logrado algunos casos de detención de obras contra la fracturación hidráulica en la Selva Negra poblana y en la región del Volcán Chichonal, Tabasco/Chiapas.
La Cnpa-MN es un desmembramiento de la Cnpa histórica, creada a finales de los 60s del siglo pasado por Efrén Capiz, quien tuvo amplia ascendencia en la región serrana de Michoacán, Colima y Jalisco.
La Cnpa-Mn, acompañada por otras organizaciones afines, realizarán algunas acciones contestatarias contra la citada política federal en algunas regiones del territorio nacional, incluyendo la Ciudad de México, el próximo 20 de este mes.
