La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, al asistir con la representación personal del Presidente Enrique Peña Nieto, al Informe de Labores del magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario, Luis Ángel López Escutia, destacó que fortalecer al sector agrario es una prioridad para el Gobierno de la República.
Subrayó que la verdadera justicia agraria se basa en los principios de legalidad, imparcialidad, independencia, transparencia y profesionalismo porque los mexicanos necesitan y merecen sentencias claras y objetivas.
Acompañada por el titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, y del procurador agrario, Cruz López Aguilar, Rosario Robles convocó a trabajar de manera conjunta con acciones con un impacto directo y en trámites transparentes de pronta resolución y pidió a la Procuraduría Agraria derivar los asuntos que se consideren convenientes al Tribunal Agrario, para lograr resolverlos de la manera más pronta a favor de los campesinas de México.
Resaltó que los mexicanos merecen sentencias claras y objetivas sobre sus conflictos agrarios para generar certeza jurídica. Por ello, fortalecer al sector agrario es una prioridad para este gobierno, que tiene el compromiso de favorecer la calidad de vida de todas y todos los mexicanos a partir de estrategias que sean justas, seguras y sustentables.
“El Gobierno de la República está decidido a mejorar para que cada persona que acuda a nosotros perciba una diferencia en los servicios, para que cada familia que ha padecido años de rezago administrativo, pueda tener al fin un título de propiedad que le dé certeza en su futuro”, sostuvo.
Robles afirmó que el objetivo es conciliar el deseo de los campesinos de que su tierra tenga valor, que siga siendo el sustento siendo ellos los dueños de esa tierra y, al mismo tiempo, favorecemos una inversión que será para el bien de México y para su propio crecimiento”, indicó.
Después, Robles fungió como testigo de honor en la firma del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de la Función Pública y el Tribunal Superior Agrario, para establecer protocolos de coordinación conjunta.
