Ciudad de México, 10 de julio de 2019.- Con un grupo de choque colombiano de por medio, falsos ejidatarios del Ajusco tratan de apoderarse de casi mil hectáreas de terrenos con el contubernio de instituciones de la 4T -Cuarta Transformación- y de la Alcaldía de Tlalpan.
En conferencia de prensa, un grupo de auténticos propietarios del Ejido Colonia Héroes de 1910, San Andrés Totoltepec, denunció que son víctimas de despojo por un grupo con poder económico y político, con represalias a punta de pistola por parte de gatilleros de nacionalidad colombiana, contratados por Felipe Camarillo Gutiérrez.
Este personaje, en complicidad con sus familiares y la protección de la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves, y de funcionarios de la Procuraduría Agraria –PA- y del Registro Agrario Nacional –RAN-, han sido, al momento, despojados –con el uso de la violencia y amenazas-, de siete propiedades con más de 95 mil metros cuadrados.
Aseguraron Sergio Sandoval, Víctor Falfán y Rosa Icela Alvarez Jiménez que la familia Camarillo, por medio de triquiñuelas, pretenden celebrar una asamblea ejidal ilegal con documentación falsa para apoderarse del comisariado ejidal, pisoteando sus derechos y propiedades.
Sin embargo, esperan que el Tribunal Agrario declare la nulidad de esta irregularidad, antes de que los usurpadores realicen una nueva asamblea; pero, sin permitirles el acceso a la misma a los auténticos poseedores de la tierra, mediante una expulsión por un castigo inexistente, inventado por Felipe Camarillo.
Los terrenos en disputa se encuentran en una zona panorámica privilegiada que se encuentra en suelo de conservación, entre el Xitle y el Pico del Águila, en Tlalpan, alcaldía ubicada en el sur de la Ciudad de México y concaracterísticas todavía rurales. El trasfondo es la jugosa comercialización de los terrenos.
Acusan que la alcaldesa de esta jurisdicción, ex funcionarios y actuales de la PA y del RAN se han prestado para empoderar a los invasores, falsos ejidatarios, para permitirles, inclusive, el uso de la violencia física y con armas para imponerse en las asambleas y, de paso, intimidarlos con gatilleros colombianos a sueldo contra los legítimos dueños.
Expusieron que este grupo gansteril está integrado por Felipe Camarillo Gutiérrez, Darinka Pamela Camarillo Delgado, Saúl Manuel Camarillo Delgado –ajenos al ejido-, Jesús Román García Espinosa, David Esquivel Blanco, Margarito Espinosa Romero, José Refugio Vega Gómez, Andrés Álvarez Zamora y Raúl Sandoval Olmos.
En tanto, señalaron que los funcionarios y ex funcionarios que apoyan esta ilegalidad son: René Francisco Bolio Halloran, ex delegado de la PA en la Ciudad de México; José Antonio Álvarez Guiloche, ex delegado del RAN, y Alicia Espinosa Zamudio, registradora integral en Oficinas Centrales del RAN.
De igual forma, precisaron que se abrieron carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República –FGR- contra Federico Becerra Pedrote, subdelegado jurídico de la PA en la Ciudad de México (Cdmx), y al abogado adscrito a la misma dependencia, José Manuel Luna Encinas.
Los denunciantes dijeron que están velando por preservar sus derechos y sus propiedades y esperan que el Tribunal Agrario de marcha atrás a la asamblea del 31 de julio de 2016, realizada con el uso de documentos falsos, declarando su nulidad, antes de la realización de una nueva asamblea, que al igual que las anteriores, les ha sido negado el acceso, porque prácticamente los han expulsado con un castigo inexistente.
En la misma rueda de prensa, la ejidataria Rosa Icela Alvarez hizo responsable directo de cualquier agresión o atentado a su vida, a Felipe Carrillo Gutiérrez, quien a través de gatilleros colombianos que contrató, ha recibido amenazas directas contra su persona y su familia.
Estos extranjeros –no se sabe si están en el país legalmente-, golpeadores pagados por Felipe Carrillo, están protegidos por las autoridades de la Alcaldía de Tlalpan y por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Hay denuncias en su contra, porque estas autoridades al ser requeridas por el 911, se hacen de la vista gorda y no acuden al auxilio de las víctimas.
Por lo tanto, hicieron un exhorto al titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano -Sedatu-, al de la Procuraduría Agraria, al del Registro Agrario Nacional, y a la alcaldesa de Tlalpan, a actuar con firmeza y con apego al estado de derecho, para dar una solución a este conflicto que puede ocasionar un muy lamentable derramamiento de sangre.
Sus denuncias las ejemplificaron en tres puntos
1.- La sumisión probablemente por corrupción de la policía de la Alcaldía de Tlalpan, que no intervinieron ni por los disparos de arma de fuego ni por las acciones de violencia del pasado 30 de junio.
2.- La corrupción en la Procuraduría Agraria, donde funcionarios aceptaron documentación apócrifa de la actual mesa directiva y que nos tiene en estado de indefensión y por lo cual se abrieron 2 carpetas de investigación contra ex servidores públicos de la dependencia.
3.- La violencia para despojar al núcleo agrario de 1,052 hectáreas que han comenzado a realizar de manera individual.
Informaron que próximamente darán a conocer quiénes son los peces gordos involucrados en el pretendido despojo de sus tierras, encabezados por un grupo con poder económico y político.
