Atlacomulco, Estado de México.- El procurador agrario Cruz López Aguilar, junto con el representante de la Presidencia de la República, Felipe Serrano Llandera; la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario (TUA), Sara Mejía Aranda, y la presidenta municipal de esta población, Anna Ma. Chimal Velazco, entregaron certificados parcelarios a ejidatarios de la entidad, que dan seguridad jurídica y certeza documental a los legítimos dueños de la propiedad social.
Ante ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños propietarios; autoridades estatales y municipales, legisladores federales y locales, y funcionarios públicos, durante la Segunda Jornada de Justicia Itinerante en esta entidad federativa, López Aguilar afirmó que los campesinos de México y sus familias son y seguirán siendo un asunto de la más alta prioridad para el Gobierno de la República.
La ceremonia se efectúo en el Auditorio Municipal local donde puntualizó que llevar la justicia agraria a los más de 31 mil ejidos y comunidades, es una labor de primera importancia para el Gobierno Federal para impulsar una renovada cultura agraria basada en la seguridad y certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra, que garantice a los sujetos agrarios del país, el conocimiento y pleno ejercicio de sus derechos.
La Procuraduría Agraria (PA), a través de su Delegación estatal y las seis Residencias de su adscripción territorial en la entidad, promueve en estrecha coordinación con los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA), Registro Agrario Nacional (RAN) y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, estas jornadas.
Estas acciones jurídicas tienen como objetivo primordial atender directamente en sus comunidades a los sujetos de derecho, evitándoles gastos innecesarios, para dar solución a sus distintos conflictos, privilegiando siempre el diálogo y la conciliación para preservar el Estado de Derecho y la paz social en el medio rural.
Serrano Llandera destacó que las instituciones agrarias trabajan para atender las necesidades de orden legal de los campesinos, que les permita no sólo tener la seguridad y certeza jurídica sobre su propiedad, sino también desarrollar sus actividades productivas.
Mejía Aranda destacó que estas jornadas, en las que se atendieron 186 asuntos en beneficio de 200 familias de distintos municipios de la zona norte el Estado de México, cumplen en estricto sentido con el espíritu reformador del Artículo 27 Constitucional, de procurar justicia pronta, ágil y expedita a todos los sujetos de derecho agrario que establece la Ley en la materia.
