Impulsa Agricultura rescate del campo mexicano

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Ciudad de México, 4 de octubre de 2020.- En el país hay un cambio en la forma de gobernar, que considera la aplicación de políticas públicas y programas enfocados en atender la pobreza en el campo con la medición de resultados para eliminar intermediarismos, corrupción y el vínculo político en los apoyos dirigidos a los agricultores, afirmó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), Víctor Villalobos Arámbula.

Bajo estos parámetros, aseguró, los organismos reguladores y áreas administrativas están en constante revisión de la operatividad y transparencia de los programas prioritarios, cuyos objetivos se orientan a impulsar la productividad y competitividad de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del país.

Precisó que los programas prioritarios que desarrolla Agricultura: Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Bienpesca y Fertilizantes, están diseñados para rescatar al campo, con la entrega directa y oportuna de apoyos para incrementar la producción, impactar en el bienestar de la sociedad rural e incidir en la autosuficiencia y seguridad alimentaria.

Adicional a estas acciones, expuso, se fortalece el acompañamiento a los productores con bienes públicos, traducidos en trabajos de sanidad agrícola, salud animal, inocuidad, asistencia y capacitación técnica, con el desarrollo de tecnologías aplicadas en el campo, mejoramiento de suelos y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Tras atender a representantes de productores de maíz, caña de azúcar, café y acuacultura del Estado de Chiapas, acompañados por los diputados federales María Roselia Jiménez y Reginaldo Sandoval Flores, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, el titular de Agricultura afirmó que se atenderán inquietudes relacionadas con garantizar que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan, lo que implica la revisión sistemática de los padrones de beneficiarios.

Exhortó a denunciar a servidores públicos que hagan malas prácticas en la operación de los programas, con el soporte documentado de pruebas y evidencias para que se proceda conforme a la ley, a fin de erradicar acciones ilícitas en, por ejemplo, el manejo de centros de acopio de granos o integración de padrones.

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