Con una visión holística, integral, del campo mexicano (que apunta a la competitividad con sostenibilidad ambiental, articulación del medio rural con los centros urbanos, equidad entre productores pequeños y de mayor escala, reducción de la pobreza con herramientas productivas, orientación del gasto más hacia bienes públicos que hacia subsidios privados, una reforma institucional y gobernabilidad para garantizar la paz social), 14 especialistas en el sector agroalimentario y forestal, en medio ambiente y cambio climático, en finanzas rurales y en economía y sociedad rural, generaron un documento consensuado, “La nueva sociedad rural”, que aspira incidir sobre el próximo gobierno en materia de políticas rurales.
Entre esos expertos figuran José Sarukhán, director de la Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio); Julia Carabias, quien fuera la primera secretaria de Medio Ambiente; Francisco Mayorga (ex secretario de Agricultura y empresario de Jalisco), Margarita Flores (miembro del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Unam, secretaria del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria organizado por la FAO en Roma y subdirectora de la oficina de la FAO para América Latina y el Caribe); Antonio Yúnez Naude, académico de El Colegio de México y coautor para la sección de México del Informe de la FAO en 2014 sobre la Agricultura Familiar; Isabel Cruz, experta en finanzas para los pobladores rurales más pobres, y Alfonso Cebreros, directivo de Maseca y vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
El documento surgió de reuniones periódicas desde 2017 del Grupo Agenda Rural –que es una iniciativa de Rimisp –Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, con apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida) y de la Fundación Ford, y con la Secretaría Técnica del grupo a cargo de Gustavo Gordillo de Anda–, y comenzó a difundirse en el foro “Diálogo para una agenda rural 2018-2024”, en salones del Senado de la República (el 5 y 12 de abril) a fin de que llegue a manos de los candidatos a la Presidencia de la República y a otros cargos de elección popular.
El documento resalta cinco ideas base “del campo que imaginamos”: 1.- Productividad y competitividad, 2.- Sostenibilidad ambiental, 3.- Inclusión productiva, 4.- Bienestar social y 5.- Estado de derecho.
Plantea que la mejor forma de atender al campo es con una “focalización territorial” y acotando los límites de la actividad agrícola y ganadera para preservar la diversidad biológica y de servicios ecosistémicos, y propone que las políticas públicas reduzcan las desigualdades tecnológicas, de conocimiento y de acceso a mercados existentes entre los pequeños productores y los grandes, y que abran espacios de participación productiva a mujeres, jóvenes, indígenas y afromexicanos. Ello, sin menoscabo de impulsar la productividad y competitividad –en un contexto global donde los mercados tienden a ser multipolares, pues los acuerdos comerciales internacionales están siendo debilitados.
Sobre cómo se deben abordar las políticas al campo, el documento precisa:
“… El campo es mucho más que las actividades agrícolas. Para lograr el desarrollo sustentable es necesario entender los ecosistemas naturales como parte fundamental […] El campo requiere de una visión multisectorial en regiones y territorios que se adecuen a las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales de cada una. Por ello debe reforzarse la planeación, implementación y coordinación de las instituciones gubernamentales en estos niveles.
“El desarrollo rural requiere enfocarse en ámbitos de influencia territorial que generan efectos económicos multiplicadores en comunidades colindantes. En este sentido, los territorios funcionales, definidos como un espacio que contiene frecuentes interacciones económicas y sociales entre sus habitantes, y sus formas de organización productiva y de intercambio comercial y cultural [articulados alrededor de centros urbanos], pueden ser una opción interesante […]”. Aunque, dice el texto, también el manejo vía cuencas hidrológicas es una opción, y lo mismo los corredores biológicos, “que pueden ser un camino sustentable para las zonas marginadas dentro de territorios de alta biodiversidad”.
El documento subraya que “el problema central en el campo mexicano es la pobreza por ingresos estructural y coyuntural (bajas dotaciones y productividad, pero también de acceso a protección social además de bajos salarios) y el deterioro ambiental. Las cifras y la proporción de pobreza extrema rural en ingresos se mantienen prácticamente iguales desde hace 20 años, a pesar de avances importantes en acceso a servicios que han reducido significativamente la pobreza medida en forma multidimensional”. Dice que “la reducción de la pobreza requiere nuevas estrategias de dinamización económica de los territorios, [necesita] un cambio drástico en las políticas de transferencias condicionadas para vincularlas a la generación de ingresos e inclusión de las mujeres al mercado laboral”.
El documento pone en relieve a los productores de pequeña escala: deben ser considerados “por razones de justicia distributiva y de eficiencia económica […]”. Propone que, “además de que permanezcan si así lo desean en sus actividades tradicionales, también puedan integrarse a otros mercados”, por medio de la promoción, con recursos públicos, de empresas comunitarias que impulsen la comercialización local y regional de “los numerosos ‘productos de los ecosistemas’, así como de productos agrícolas despreciados (vainilla, cacao de aroma, etcétera), generando nichos de mercado que apreciarían las características orgánica, de comercio justo, de producción de comunidades indígenas con respeto a la biodiversidad”. Ello les abriría oportunidades de desarrollo económico.
El texto dice que “el campo requiere un presupuesto multianual en función de los ciclos productivos, de una continuidad transexenal de las principales políticas públicas y de una revisión del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) con profundidad en la definición de su objetivo de largo plazo y no en la suma de programas actuales.
“Esto incluye: prioridad en la atención a la producción del minifundio privado y de los ejidos; recuperar la producción de bienes y servicios públicos como son la investigación y desarrollo; la función y operación de la extensión que se ha dejado en manos de servicios privados con poca transparencia respecto a los recursos recibidos efectivamente por los productores; se requiere, también, invertir en la infraestructura en almacenamiento, en pequeña irrigación, en caminos rurales, en electrificación, en inclusión digital y en la recuperación de recursos naturales, especialmente suelo y agua, afectados por degradación y contaminación.
“Además, es indispensable una verdadera articulación de políticas productivas, sociales y ambientales, que superando la atención clientelar, conlleve una visión de desarrollo local y regional sustentable a partir de los recursos naturales locales”. Ello, junto con un espacio real de participación y concertación entre distintos actores que inciden en los ámbitos rurales y que esté dotado de capacidad real para incidir en el diseño de políticas públicas.
El texto destaca: “… en resumen, el principal reto es impulsar un verdadero proceso de transformación de las políticas públicas, que reconstruya la base productiva del campo mexicano, eliminando incentivos para la búsqueda de rentas, reorientando el gasto hacia los pequeños y medianos productores, hacia una alimentación sana, suficiente y asequible y hacia los diversos bienes públicos, impulsando la participación organizada de la sociedad y respetando el medio ambiente para garantizar el largo plazo. Es indispensable poner un énfasis especial en estimular la participación de mujeres y jóvenes […]”.
El documento hace una caracterización de la propiedad y uso de la tierra en México:
“De 196.4 millones de hectáreas que abarca el territorio nacional, los ejidos y las comunidades ocupan el 52.5% del territorio, en tanto que la propiedad privada ocupa el 41%. En esta extensión se encuentran enclavados 32,082 núcleos agrarios. De ese total a diciembre de 2016, el 95% de los núcleos y el 92% de la superficie de esos núcleos agrarios ha sido certificada por el Registro Agrario Nacional. Las tierras de uso común –en donde se encuentra bosques, selvas, pastizales y otros recursos naturales- representan el 62% de la superficie total de ejidos certificados, en tanto que casi el 36% son tierras ejidales parceladas”. Y con estos datos, advierte la necesidad de una política y una campaña nacional en los ejidos, comunidades y pequeñas propiedades de información sobre derechos y procedimientos.
Dados “potenciales efectos catastróficos”, dice, “debe subrayarse que es muy escasa la atención que las autoridades y las políticas públicas le dan a las tierras ejidales de uso común, que representan más del 60% de la propiedad social y que muchas de ellas han sido repartidas internamente en los ejidos y desmontadas para trabajarlas. En esa dirección es indispensable tener un registro actualizado y continuo en materia agraria incluyendo operaciones vinculadas al usufructo de la tierra, lo que requerirá un programa efectivo de seguimiento y de información en los núcleos agrarios. También es indispensable un programa para el registro catastral –quizás federal– de la propiedad privada rural.
El documento propone una reforma profunda en la institucionalidad, para abordar de manera integral la producción, productividad y manejo sustentable de los recursos naturales, y para aplicar las políticas agropecuarias y alimentarias en un orden coherente, pues hoy muchas de las facultades relacionadas con lo alimentario están dispersas en diversas dependencias y organismos públicos.
En cuanto a la erosión de la gobernabilidad en varias regiones del país, debida al recrudecimiento de la guerra contra las drogas (2007-2017), el texto dice que el crimen organizado ha logrado cooptar y/o someter a poblaciones rurales para la producción, tráfico de drogas u otras actividades ilícitas como el robo de combustible. “Es inaplazable impulsar nuevamente una discusión nacional en torno a la descriminalización y legalización de las drogas”, dice.
Agrega que “en algunas regiones empresas mineras y energéticas han intensificado sus actividades sin la debida consulta y concertación con los habitantes locales generalmente dueños de recursos naturales, multiplicando la movilización en defensa de los territorios en varias entidades del país. Estos efectos negativos que impactan la gobernabilidad rural deben ser resueltos mediante el fortalecimiento, la transparencia y democratización de los gobiernos locales y de los mecanismos de gobernanza de los ejidos y de las comunidades, y de concertación con agentes económicos regionales, nacionales e internacionales”.
Además de los expertos mencionados, participaron en la elaboración del documento: Kirsten Appendini (académica, conocedora de temas como la economía campesina, migración, género y comercio internacional agropecuario); Max Correa (dirigente de la Central Campesina Cardenista); Jaime de la Mora (consultor privado, asesor de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y con trayectoria en instituciones nacionales y extranjeras; fue director del Banrural); Enrique del Val (economista de amplia trayectoria, ex funcionario público, académico reconocido de la Unam); Sergio Madrid (experto en temas forestales); Héctor Robles (experto en temas agrarios), y John Scott, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide) y experto en temas presupuestales, de subsidios y sobre el Ingreso Mínimo Ciudadano.
