Derechos de propiedad a mujeres y jóvenes de núcleos agrarios

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Ciudad de México, 23 de julio de 2019.- El abandono del campo es uno de los principales factores que afectan a nuestra sociedad por la delincuencia y el despojo; por ello, el trabajo conjunto en temas pendientes de la política nacional agraria y territorial será clave para sentar las bases en el desarrollo de una iniciativa que armonice las leyes en beneficio del espacio y brindar una mejor atención a todos los sujetos de las comunidades.

Lo anterior se desprende en el marco de la firma del Convenio Marco de Colaboración para el Desarrollo Rural Sustentable, entre la Procuraduría Agraria (PA) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), cuyo objetivo es que ejidatarios, mujeres, jóvenes e indígenas trabajadores de la tierra sean reconocidos como sujetos con derecho agrario y tengan acceso a los proyectos productivos y programas sociales del gobierno de México.

En el evento, realizado en la sede de la Sader, el procurador agrario Luis Rafael Hernández Palacios Mirón mencionó que, en beneficio de más de 29 mil 200 núcleos agrarios en el país (51 por ciento del territorio nacional), se tiene una política de rescate del campo, con inclusión y equidad de género.

Además, puntualizó que el 30 por ciento de quienes trabajan los núcleos agrarios son mujeres y no tienen el derecho de propiedad, de ahí la trascendencia de este acuerdo para atender esta situación. “Cerca de un 30 por ciento de quienes están en el cultivo de las parcelas en los ejidos y comunidades —precisó— son mujeres: hijas, esposas, concubinas de los titulares, y buena parte de ellas no son titulares de derechos; de ahí la importancia de este proyecto que iremos avanzando para garantizar la estabilidad en los núcleos, la integración, la inclusión y el desarrollo sustentable”.

En un acto inédito, que no tiene precedente en la historia del país, se suscribió este documento que tiene por objeto establecer las bases de coordinación para promover acciones conjuntas que propicien la participación y reconocimiento como titulares de derechos agrarios a mujeres y jóvenes de ejidos y comunidades que trabajan la tierra en sus núcleos y carecen de esta calidad.

La firma protocolaria del convenio entre el titular de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios Mirón, y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, también fue signado por la directora general de Organización Agraria de la PA, María de la Luz Rodríguez Morales, y el encargado de Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, Salvador Fernández Rivera, quienes también fungirán como coordinadores de los grupos de trabajo.

En su intervención, Hernández Palacios destacó que este convenio responde a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que, entre sus componentes, busca rescatar y dignificar a los integrantes de los 32 mil núcleos agrarios, así como lograr la inclusión y equidad de género a través del equilibrio social y sustentable del campo.

Durante el acto, se hizo énfasis en los compromisos que ambas instituciones federales asumen, dentro de sus respectivas competencias, para establecer Proyectos de Desarrollo Territorial en núcleos y comunidades agrarias priorizadas del territorio nacional, en los que se facilite la inclusión de las mujeres y jóvenes rurales que, aun cuando están al frente de parcelas, no cuentan con la titularidad de los derechos agrarios.

En las cláusulas del convenio, que regirá a partir de esta fecha y hasta el 30 de septiembre de 2024, en que concluye la presente administración del Ejecutivo Federal, se establece que los grupos de trabajo difundirán las características y beneficios del Programa de Desarrollo Rural, mediante el cual se busca elevar el nivel de vida de las familias campesinas, combatir la pobreza, fomentar la productividad y rentabilidad del sector primario y contribuir a la soberanía alimentaria.

Asimismo, las instituciones signantes promoverán la participación de los habitantes del medio rural en talleres para la formulación de Proyectos de Desarrollo Territorial, así como acciones de asesoría y representación legal en ejidos y comunidades determinadas, a efecto de que los productores obtengan la regularización y titulación de sus derechos agrarios.

De esta forma, aseveró el procurador agrario, se fortalece la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra; se establecen condiciones para legitimar la sucesión ordenada de los titulares de derechos agrarios a sus legítimos herederos, se promueve la equidad de género, y se privilegia la permanencia e importancia de la propiedad social en el desarrollo nacional. Firmó el Convenio como testigo de honor, el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón.

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