La historia siempre ha sido circular. Así ha sido. Así lo seguirá siendo. Por eso, no sorprende que algunos programas gubernamentales de la nueva administración pública federal tengan antecedentes en gobiernos anteriores.

Tal es el caso del nuevo programa Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), anunciada en su proyecto de gobierno por el presidente López Obrador, como la mejor opción para sacar de la pobreza ancestral a millones de mexicanos, particularmente campesinos, indígenas y precaristas que viven en los cinturones de miseria de las grandes urbes mexicanas.

Segalmex no es otra cosa que el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), ahora remasterizado y puesto, de nueva cuenta, en circulación en tiempos distintos y con una población ya totalmente inmersa en las nuevas tecnologías y en un mundo globalizado, distinto al existente en los años 70s cuando los países, en su mayoría, eran ínsulas con tendencias a la autosuficiencia general.

Una muy interesante investigación de Nora Lustig y Rosario Pérez Espejo, publicada en la Revista de Economía de la Unam (volumen 13, páginas 51 y 52) en 1982, llamada Sistema Alimentario Mexicano: características, estrategias y efectos, pone al descubierto el éxito y fracasos del SAM, estructurado por un grupo de eminentes economistas de ese tiempo, cuya finalidad era rescatar a los más desprotegidos económicamente, en México.

El SAM se creo en 1979 y, al igual que el actual Segalmex, tuvo el propósito del alcanzar el autoabastecimiento de los productos de la canasta básica para los mexicanos, que, por esos tiempos, sumaban unos 70 millones de habitantes, de quienes unos 10 millones estaban en condiciones pauperizadas.

Diseñado por 200 investigadores, coordinados por Cassio Luiselli, quien, al final de cuentas, presidiría al SAM, sus tres objetivos fueron: ruptura de la dependencia alimentaria, mejoramiento de la dieta popular y eliminación de la extrema pobreza rural, según los estudios de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

Durante la década 1970/1980, México vivía una dependencia de los alimentos importados y existía un descontento explosivo en el campo. Se actuó en consecuencia. La Confederación Nacional Campesina (CNC) estaba virtualmente en manos de una burocracia campesina que ya estaba superada por la realidad, por lo que se crearon otros organismos políticos agrarios para airear la situación agrarista nacional. La canasta básica se componía de 29 productos que se ofertaban a bajo precio.

Ahora, se crea Segalmex, que fusionará a Diconsa y Liconsa, dos estrategias gubernamentales existentes, cuya finalidad es, precisamente, distribuir productos de la canasta básica a bajo precio y comprar la leche a ganaderos de también de baja capacidad productiva.

“[El Segalmex] será la instancia que se va a encargar de fortalecer la canasta básica, con 36 productos que estarán disponibles a través de esta cadena de productos a precios bajos atendiendo a la gente más pobre”, dijo López Obrador, al anunciar este programa.

Explicó que para impulsar la producción de granos básicos, principalmente maíz y frijol, a los que se agregaron trigo panificable, arroz y leche fresca, el plan recurría al incremento periódico de los precios de garantía para que los productores pudieran obtener siquiera el salario mínimo. Prevé, además, programas de impulso a la ganadería, a la pesca y un ambicioso plan publicitario que reste influencia a los nocivos productos de las trasnacionales.

El SAM sólo duró 3 años y se apoyó con fuertes presupuestos gubernamentales, provenientes del boom petrolero, en tiempos cuando el presidente López Portillo acuñó la frase: “Administrar la riqueza” y que quedó sólo en eso, una referencia política, porque pronto el precio del crudo se derrumbó y todo se fue a los suelos. El Segalmex, encabezado por Ignacio Ovalle Fernández, un priista de viejo cuño, cuyo último trabajo burocrático fue la Conasupo, contempla como acciones inmediatas:

  • Maíz: precio de garantía $5, 810 pesos la tonelada; adquisición hasta 20 toneladas por productor.
  • Frijol: precio de garantía $14,500, la tonelada y una adquisición de hasta 15 toneladas por productor
  • Trigo panificable: precio de garantía $5,790 y una adquisición de hasta 100 toneladas por productor
  • Arroz: precio de garantía $6,120 y una adquisición de hasta 120 toneladas por productor.
  • Leche fresca: $3.20 el litro. No hay más datos, salvo la información que se inició el pasado 1 de este mes.

Aunque el programa prevé que los pagos de las cosechas se harán inmediatamente después de recibir el producto en bodegas que la propia institución construye; sin embargo, debe tenerse en cuenta que, por naturaleza, los productores de escasos recursos viven al día, por lo que esta situación la aprovechan los intermediarios que aparecen en las parcelas en cuanto se inician las recolecciones y, a pie de surco, pagan de inmediato a los campesinos, por lo que las cosechas, a su término, ya están vendidas.

Romper el intermediarismo ha sido un sueño permanente en México que no se ha logrado. Incluso, Luis Téllez Kuenzler, como subsecretario de Planeación de la anterior Sagarpa, intentó normalizarlo, bajo la figura europea de “elevadores de precio”, pero tampoco lo logró.

En la política anterior de los precios de garantía y de compras de cosechas, las organizaciones político agrarias ocuparon parte importante de ese intermediarismo. Por lo general, cobraban 5 por ciento a la Conasupo por las cosechas que entregaban los afiliados a las respectivas organizaciones.

De ese porcentaje, 3 por ciento se destinaba al sostenimiento de las cúpulas político agrarias y 2 por ciento a las Uniones respectivas de Productores, como parte de la sobrevivencia de los organismos que se convertían en lo que durante década se calificó como “voto verde” que, en la práctica no era otra cosa que organizar a los campesinos para votar, no tanto para producir.

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