Ciudad de México, 18 de diciembre de 2019.- “Por fortuna, hemos logrado un pequeño incremento del presupuesto para el 2020, en relación a lo que fue 2019. Es cierto que en los últimos 15 años la Procuraduría (Agraria) había venido teniendo un decremento, salvo en 2014 que tuvo un leve repunte, y ahora, tenemos un presupuesto que nos asegura las condiciones de funcionamiento operativo para el año entrante”, enfatizó el procurador agrario Luis Hernández Palacios Mirón, en rueda de prensa.
Precisó que son 930 millones de pesos los asignados para 2020, que es superior en un 10 por ciento al que se tuvo en este año (2019)”, asentó y confió que, a través de la conjunción de esfuerzos con otras dependencias, los efectos de la aplicación del presupuesto van a tener un impacto positivo en la atención a los núcleos.
Explicó que se tienen convenios suscritos con Sader, en apoyo directo a jóvenes y mujeres en el campo; convenios suscritos con Conanp y con Conafor de apoyos directos para acciones de conservación forestal y ambiental en los núcleos, y se está trabajando con otros proyectos interinstitucionales de los cuales se pueden tener, incluso, apoyos para la operación en los programas que se convengan para la Procuraduría Agraria.
Resaltó que es cierto que están en un proceso de iniciar a remontar los déficits presupuestales que había venido confrontando.
Avanza Tren Maya
Con relación al Tren Maya, aclaró: “somos la institución responsable de dar orientación, asistencia, representación legal a los núcleos agrarios, no a los pueblos originarios. Hay casos en que coincide pueblo originario con núcleo agrario, pero el responsable de la orientación, atención y defensa de los pueblos originarios es el Inpi”, apuntó.
Dijo que en la Península (de Yucatán, sureste del país), coinciden en una parte general, pero no una etnia con un núcleo como ocurre en Oaxaca, una etnia tiene una expresión territorial en que están ubicados varios núcleos. “Entonces, puntualizó, en la medida que conozcamos el proyecto, tendremos la información”.
Insistió en que no se tiene todavía el proyecto ejecutivo de la obra (Tren Maya), por lo tanto, no hay información del trazo definitivo en su término de afectación territorial a nivel de municipio, núcleo agrario y, por lo tanto, la información solicitada, en la medida que se tenga el proyecto ejecutivo, se comentará, porqué núcleos agrarios va a pasar, cuál es la población que en ellos residen, por ejemplo.
“Efectivamente, nuestras funciones serán darle la orientación, el apoyo, para que los términos de participación en el proyecto garanticen los intereses de los núcleos agrarios, y podamos asesorarlos desde la perspectiva de sus intereses para que su incorporación se dé en los mejores términos.
Luego a modo de comentario, Hernández Palacios Mirón dijo que no todo el tren (Maya) cruza por la selva, que son mil 500 kilómetros, de los cuales una tercera parte ya está construida la vía, que es donde van a iniciar las obras de acondicionamiento. Tiene que ampliarse, se tienen los derechos de vía, se tiene las estaciones ya previstas y algunas construidas y el resto es lo que tendrá que llevarse adelante en los próximos años”, anotó.
Precisó, al respecto, que el próximo año, el trabajo va a constituirse sobre el tramo en que ya está construida la vía, por lo tanto, no significa ninguna afectación material. “La consulta tenía que ser previa, antes de que exista el proyecto ejecutivo, porque es la aceptación del proyecto de desarrollo. Después, vendrá una etapa particular en que contando con el proyecto ejecutivo ya en la definición precisa de los términos de construcción, tendrá que llevarse a cabo una consulta particular en cada uno de los tramos.
“Finalmente, tendrán que llevarse a cabo las asambleas de los núcleos agrarios cuando sus tierras tengan alguna forma de participación en el proyecto para definir la forma en que se van a incorporar”, definió.
Además, añadió que en ello existe una condición muy importante para establecer las alternativas de su incorporación pues el 100 por ciento de la inversión va a estar a cargo del gobierno federal. “Entonces, los vínculos entre los núcleos van a ser con un proyecto de inversión del gobierno federal, en donde las alternativas de integración pueden ser múltiples de acuerdo con la participación de sus tierras en el proyecto.
“Que pueden ser desde compra, contratos de asociación, aportación de tierras en las empresas que se constituyan en términos de la edificación de las terminales, y las propuestas tendrán que ser convenidas con la asamblea de cada núcleo agrario”, enfatizó. Cree que con el primer saldo de una opinión de las comunidades extraordinariamente favorable, le abre posibilidades efectivas de desarrollo del proyecto.
