INVI, en entredicho

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Beneficiarios de créditos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) para construcción, mejoramiento o mantenimiento de vivienda, temen que se hayan gastado el dinero a pesar de que se les prometió que después del proceso electoral del 5 de junio los entregarían.

Señalaron que ya cumplieron con todos los requisitos, inclusive el depósito de más de 5 mil pesos a la cuenta del Invi para poder recibir el préstamo convenido que sería depositado en una cuenta bancaria del favorecido.

Los quejosos que omitieron sus nombres por temor a represalias, también clamaron que los arquitectos que supervisan los lugares donde se va a construir o remodelar la vivienda, se exceden en sus obligaciones con perjuicio a los acreditados.

Por tales razones hicieron un llamado al director general del Invi, Raymundo Collins Flores, para que informe con transparencia el porqué del retraso de la entrega de los créditos, que después de un mes no hay ninguna notificación de las gestiones realizadas.

Estos casos suceden principalmente en las Delegaciones Iztacalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuajimalpa y Tlalpan, entre otras.

La diputada priista Dunia Ludlow señaló que se presume una red de corrupción de funcionarios capitalinos que “blindan” a organizaciones de vivienda, por lo cual exhortó a Collins Flores transparente información sobre recursos, montos y sanciones a las agrupaciones.

A través de un comunicado, la legisladora del PRI expuso que las organizaciones de vivienda de la Ciudad de México tienen un modus operandi que, presumiblemente, incluye la participación de funcionarios públicos que proporcionan información de inmuebles para posteriormente apropiárselos.

“Es decir –aclaró-, prácticas de corrupción que podrían ser revisadas y atajadas con mayor efectividad si el Invi actualiza y transparenta información respecto a su relación con dichas organizaciones”.

Ludlow, presidenta de la Comisión de Vivienda en la Asamblea Legislativa, pidió al funcionario del Invi renueve e informe a detalle sobre el número de créditos y montos a los que son acreedores cada organización civil –como a la Asamblea de Barrios-, cuántas están sancionadas y, a su vez, cuántas personas se han beneficiado a través de estos grupos.

“La transparencia es la mejor arma con la que se cuenta para combatir la corrupción e impunidad que, en este caso, está poniendo en entredicho la tranquilidad de la ciudadanía ante la comisión de delitos de alto impacto en inmuebles que se apropian las organizaciones de vivienda”, refirió la asambleísta.

También sostuvo que, aquellas organizaciones que hayan incurrido en actos ilícitos o que se hayan involucrado en actividades propias de la delincuencia organizada, deben ser investigadas; sus dirigentes y militantes deben ser sujetos al debido proceso y, de ser el caso, deben ser sancionados de acuerdo con la ley.

Sin embargo, reconsideró que sería injusto afirmar que todos los grupos que en la Ciudad de México ayudan a los sectores más necesitados a tener un hogar, sean calificados como delincuentes.

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