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En sesión solemne, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Aldf, ahora, Ciudad de México), recibió la Constitución Política de la Ciudad de México y el acervo documental de la Asamblea Constituyente, paso que marca el inicio de los trabajos de la VII Legislatura para elaborar las leyes secundarias.

Al acto protocolario asistió, como representante del jefe de Gobierno, Patricia Mercado, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar.

El senador Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, hizo entrega de la Carta Maga y sus Archivos y expresó que el texto original fue suscrito por los 100 diputados constituyentes, mismo que fue aprobado y emitido el pasado 31 de enero del presente año.

Dijo que pasa la estafeta a la Aldf a fin de que este órgano legislativo expida diversas leyes constitucionales. Por ejemplo, la referente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y la Ley de Alcaldías, aplicables al proceso electoral de 2018.

Encinas Rodríguez informó sobre los convenios suscritos con la Aldf y anunció que para el resguardo del Fondo del Archivo Histórico de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México ha sido plenamente integrada y sistematizada toda la información, que incluye los debates, actas, acuerdos de la mesa directiva y conferencias de dictámenes.

Posicionamientos
Al posicionar a nombre de sus fracciones parlamentarias, los diputados reconocieron el trabajo de los constituyentes y coincidieron en resaltar el carácter vanguardista de la Carta Magna y la creación de las alcaldías, el uso de la cannabis con fines terapéuticos, el reconocimiento a la no privatización del agua y los derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

Del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Jesús Armando López Velarde Campa resaltó el carácter vanguardista de la Carta Magna capitalina al incorporar derechos y libertades por los que se ha luchado a lo largo del tiempo. “Ahora le corresponde a la ciudadanía alcanzar la plena participación y avanzar con determinación hacia una convivencia igualitaria”, dijo.

Por el Partido Humanista (PH), el diputado Luciano Jimeno Huanosta enfatizó en la necesidad de hacer campañas de difusión entre la ciudadanía para que conozcan sus derechos y obligaciones incluidos en la Constitución local. “Es necesario construir puentes y políticas públicas para que este documento sea un eje de equidad y cumplimiento de cada uno de sus artículos”, afirmó.

En su momento, el diputado Antonio Xavier López Adame, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (Pvem), afirmó que el trabajo de los constituyentes de la Ciudad de México se apegó a la Constitución de 1857. Hizo un reconocimiento a los aportes de su partido en el contenido de este texto constitucional.

En su intervención, la diputada Abril Jannette Trujillo Vázquez, del Partido Encuentro Social (PES), hizo un llamado a la unidad, porque “hoy más que nunca es necesario que quienes nos encontramos al frente de las instituciones públicas estemos atentos y demos soluciones a la legítima demanda ciudadana”.

Contrario a los posicionamientos “entreguistas”, presuntuosos y demagógicos de otros partidos, el grupo parlamentario del Movimiento Renegeraciòn Nacional (Morena) en la Aldf consideró que a pesar de que se logró mucho, aún falta demasiado por consagrar una Constitución en que imperen la justicia y la equidad en la Ciudad de México.

Lamentó que las fuerzas contrarias al cambio democrático impidieron que cristalizara en leyes destinadas al desarrollo de una ciudad a la que le urge el cambio.

“En vez de abrir espacios a la representación popular, en el próximo Congreso que sucederá a esta Asamblea Legislativa, se reducirá a 33 el número de diputados electos por el voto popular, mientras aumentará a 33 el de los legisladores plurinominales. Morena proponía su reducción”, afirmó César Cravioto Romero.

Dijo que se impulsa una sospechosa metodología para medir la pobreza, cuya evidente finalidad es, precisamente, la de encubrir el verdadero índice de pobreza. Además, lo más grave, asentó, se formalizan los contratos multianuales que han servido para favorecer a un grupo privilegiado de empresas.

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