Política agraria de 4T: ¡Retrógrada!

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Ciudad de México, 27 de abril de 2023.- El desmantelamiento de la Financiera Nacional para el Desarrollo Rural, Agrícola y Pesquero (FND) inició en diciembre pasado, aunque apenas el 12 de abril el presidente López Obrador propuso su extinción con el argumento de que su cartera vencida comprometía su funcionamiento. La Financiera no sólo suspendió la entrega de créditos hace 5 meses, también cerró agencias en el país.

Se aseguró que ahora se está apoyando de manera directa a los productores pues todo lo que tiene que ver con créditos al campo lo va manejar la Financiera para el Bienestar. Sin embargo, hay otros datos, ya difundidos, sobre la real y verdadera historia de la Financiera Rural que no es otra cosa que ocultar la corrupción de una operación financiera-electoral, compadrazgo, por parte de protegidos de Amlo, y un pésimo manejo administrativo que llevó a la quiebra al banco.

En entrevista con este reportero, el doctor en Economía Agrícola, Cruz Alberto Uc Hernández, dijo que ningún gobierno que aspire a trascender como “buen gobierno” debe atentar contra el desarrollo institucional, sobre todo, si estas instituciones cumplen un papel fundamental en el desarrollo agrícola, rural y nacional como la Financiera Rural que diputados de Morena consumaron el proceso legislativo para extinguirla, pero “sin argumentos y menos alternativas”.

El presidente de la Federación de Colegios de Agrónomos de la República Mexicana A.C, expuso que el propósito inicial de la banca agrícola fue la creación de instituciones intermedias: uniones de crédito, bancos regionales para distribuir el crédito agrícola en la naciente república. “Mendieta (1933) señala que el esfuerzo del gobierno frente al problema agrario de muy poco servía el proporcionar tierra a los proletarios del campo si no se les daban al mismo tiempo los recursos necesarios para ponerlos en cultivo”, dijo.

Mencionó que la reseña histórica da cuenta del esfuerzo de muchos profesionistas, economistas agrícolas egresados de las principales escuelas de agricultura de México, cuyas actuaciones fueron y siguen siendo muy reconocidas. “Agrónomos que en su momento asesoraban al gobierno para construir las mejores instituciones rurales, ahora resulta lamentable lo que en estos tiempos sucede, que ante la destrucción institucional únicamente tenemos observadores”, enjuició.

Uc Hernández -ex presidente de la Asociación Nacional de Economistas Agrícolas-, recordó que la dinámica de la penetración financiera en la agricultura ha transitado por periodos prolongados de expansión y contracción que ha dado como resultado que este índice se ubique a principios de este nuevo milenio en un nivel inferior al registrado en 1960.

Agregó que en las condiciones de distribución del crédito rural entre las entidades federativas prevalecientes antes de la extinción de Banrural, se puede demostrar que era necesario un cambio institucional para que la brecha histórica en la penetración Financiera Rural entre estados y regiones se ensanchara.

Ahora se aprobó la extinción de la Financiera Rural, con un dictamen en comisiones que llevó poco más de una hora el término de su trámite legislativo en la Cámara de Diputados, sin los argumentos necesarios para el desarrollo institucional, pero, sobre todo, sin acudir al diálogo y concertación con la sociedad a través del instrumento legislativo de parlamento abierto. Hoy, subraya, no es un buen día para la sociedad rural, pero es una gran oportunidad para hacer de esta situación adversa una coyuntura favorable para el cambio institucional pertinente.

“La decisión de extinción de la Financiera Rural, sin duda, es una decisión errónea. No se le puede juzgar únicamente por su labor de otorgar crédito, le faltan muchas acciones y políticas públicas concurrentes para hacer una evaluación social y no solo una evaluación financiera”, subrayó.

En el mismo tema, para la mayoría de los productores agropecuarios del país, la extinción de la FND deja muy claro que este Gobierno refleja claramente lo que es: “un destructor de instituciones». Se trata, subrayaron, de un golpe más a los productores del campo de un gobierno caracterizado como “anticampesino”.

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