Vecinos y Asambleístas exigieron al jefe de Gobierno capitalino (Cdmx), Miguel Ángel Mancera, explique a fondo las causas de los cuatro derrumbes en los últimos siete meses, que han dejado, hasta el momento, nueve muertos y, al menos, 22 heridos.

Demandaron investigar al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez, y que dé una explicación exhaustiva de todas las desgracias, principalmente la ocurrida ayer, en Avenida Toluca 481, Delegación Álvaro Obregón, que tiene uso de suelo H-M para cuatro niveles y se construye Centro Comercial.

Respecto al derrumbe citado, registrado por el desplome de la estructura de un estacionamiento subterráneo en construcción, refirieron que fallaron las medidas de seguridad de la constructora y la supervisión de los funcionarios responsables de la Seduvi.

Ana Juana Ángeles Valencia, diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), destacó que se trata de una obra que tiene uso de suelo HM (Habitacional Mixto) para edificar máximo cuatro niveles de altura y en ese predio se levante un Centro Comercial. En este sentido pidió se investigue a fondo la irregularidad que derivaría en acto de corrupción, donde la Seduvi tiene responsabilidad al otorgar los permisos.

Dijo que pese a que la obra, ubicada en una plaza comercial, cuenta con los permisos correspondientes (para uso de suelo HM) y el incidente se suscitó por una falla en el proceso constructivo, cuando una grúa golpeó una de las trabes e indujo el derrumbe de tres pisos.

“El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México debe dar una explicación precisa del porqué se construye una obra de esa magnitud que sepultó a varias personas donde se autorizaron construir cuatro niveles”.

Hasta el momento, han sucedido cuatro derrumbes de megaobras en los últimos siete meses, en tres puntos diferentes de la capital del país, donde, al menos, se registraron 22 heridos y nueve trabajadores de la industria de la construcción perecieron, debido a fallas en el proceso constructivo, la pésima manipulación de equipo pesado y de posibles actos corrupción.

Ángeles Valencia dijo que los directores responsables de obras (DRO) deben ser investigados y sancionados civil y penalmente en todos los casos.

Agregó que también se deben fincar responsabilidades civiles y penales a las autoridades encargadas de supervisar el desarrollo de megaobras como ésta y sancionar a empresarios y dueños de la construcción con penalidades ejemplares por violentar las normas de construcción que generan muertes y heridas de lamentables consecuencias a trabajadores anónimos que se les paga a lista de raya sin los beneficios de la ley respectiva.

La ley obliga a los propietarios a contratar DROs, que son los corresponsables en Seguridad Estructural (CSE), que aportan conocimientos técnicos en la materia.

Formalmente, toda edificación diseñada y construida por un profesional (arquitecto o ingeniero civil), con previa licencia de construcción es quien se hará responsable de los daños que sufra la construcción siempre y cuando sean derivados de la mala edificación, por un periodo de cinco años, y que al concluir, el dueño sigue siendo responsable administrativamente.

Ángeles Valencia pidió al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respondan a las fugas de agua registradas en el túnel del Tren Interurbano México-Toluca, localizado en el Cerro de las Cruces, Delegación Cuajimalpa, debido a la perforación con maquinaria pesada, de un brazo de agua de alguno de los 16 manantiales de San Lorenzo Acopilco en esa jurisdicción.

La muerte tiene permiso
El primer derrumbe, de cuatro a la fecha, ocurrió el 11 de octubre de 2016, en Avenida Chapultepec, en la modernización del Centro de Transferencia Modal (Cetram), de cuya obra, los diputados habrían dicho que no era viable.

El segundo desplome fue localizado en Periférico Sur, registrado por Patricia Jácome, usuaria de Facebook, quien subió a su muro fotografías y video en el que se observa la caída de tierra de, al menos, una altura de 15 metros, debido al reblandecimiento por una fuga de agua, el 26 de noviembre de 2016.

En este predio se construyen Cuatro Torres Comerciales de 14 niveles en un área de 130 mil 304 metros cuadrados, por lo que se trabaja con máquinas pesadas y el mal uso de una de ellas causó el desastre.

Expresó que no es la primera vez que por errores humanos perecen trabajadores o transeúntes por lo que se deben revisar los Reglamentos de Construcción y de Protección Civil para que las irresponsabilidades cometidas por de los directores responsables de obra, en primera instancia, sean sancionados penalmente en todos los casos.

Recordó que vecinos de la zona de Periférico Sur han denunciado daños a sus domicilios que se ubican en predios colindantes, sin que los responsables les brinden una solución o pago por daños. En la construcción del Centro Comercial Picacho Lifestyle se prevé una inversión de 400 mil 900 millones de pesos y no existe una póliza que restituya los daños generados a terceros, sostienen los habitantes.

El 15 de marzo pasado, se registró un cuarto derrumbe en el predio ubicado en Serapio Rendón, Delegación Cuauhtémoc, que dejó un saldo de un muerto y varios heridos que fueron trasladados a diversos hospitales, a través de ambulancias particulares contratadas por la empresa, cuya obra fue clausurada por el Ministerio Público de la Colonia San Rafael.

El derrumbe se registró en una obra de remodelación que alberga la sede del Sindicato de Trabajadores Telefonistas, cuyas acciones requirieron de una excavación profunda y el mal manejo de una pala mecánica provocó el derrumbe de un talud que se empleaba para llegar al fondo de la excavación, ocasionando que los materiales de construcción y tierra cayeran sobre los trabajadores.

En el predio con el número 125 de la calle Serapio Rendón, Protección Civil delegacional y del Instituto de Verificación Administrativa realizaron inspecciones a la seguridad de la construcción, misma que está clausurada hasta que se aclare la situación legal y de normatividad para determinar si se suspende definitivamente o continúan las obras una vez deslindado responsabilidades y asumido las indemnizaciones correspondientes como no ha sucedido en los tres casos anteriores.

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