Actualmente se encuentran recluidos en los centros penitenciarios de la Ciudad de México más de 41 mil personas, quienes permanecen en los mismos centros carcelarios sin distinción del tipo de delito que hayan cometido ni del estatus jurídico que tengan.
Esto, dijo el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Armando López Campa, provoca que los reclusos de delitos graves o federales contaminen a los procesados o sentenciados que cometieron delitos menores o, peor aún, que no sean culpables.
Hizo un llamado a trasladar a aquellos procesados y sentenciados a sus lugares de origen para estar cerca de sus familias o al lugar donde radica su expediente. Asimismo, consideró necesario que el sistema penitenciario de la Ciudad de México agilice las preliberaciones de sentenciados, a efecto de abatir las altas cifras de reclusos.
“Ante todo, se debe respetar la dignidad humana en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, al reducir el número de reclusos se brinda una mejor garantía de control y seguridad interna, se evita el hacinamiento y se reducen los gastos operativos, además de que se permite dar el paso hacia una verdadera readaptación social de quienes permanecen en ellos”.
El punto de acuerdo al que dio luz verde la Diputación Permanente, solicita a la secretaria de Gobierno capitalino, Patricia Mercado Castro, que gestione ante la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, el traslado de las cárceles de la Ciudad de México de todos los reos sentenciados y procesados por delitos del fuero federal y de alta peligrosidad, a Centros de Prevención y Readaptación Social federales.
Este documento, aprobado por unanimidad, resalta que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) envió una recomendación a la Secretaría de Gobierno respecto de 40 casos de personas privadas de la libertad que fallecieron de manera violenta en Centros de Reclusión de la Ciudad de México por ausencia de una adecuada custodia y seguridad.
La petición a la Secretaría de Gobierno del DF se fundamentó en el enfrentamiento entre bandas de criminales de reclusos de alta peligrosidad en el penal de “Topo Chico”, en Nuevo León, que arrojó 49 personas fallecidas.
En la exposición de motivos, se aseguró que la selección de reos peligrosos de las cárceles de la Ciudad de México debe acelerarse, ya que, aunque no hayan cometido un delito federal, los Centros de Readaptación Social de la capital no son cárceles de alta seguridad que permitan garantizar plenamente la integridad física, psíquica y moral de los reclusos, visitantes y custodios.
