Nuestro compromiso es que la tenencia de la tierra esté bien regulada y de ser un conflicto social se convierta en un proceso de certeza jurídica, de seguridad patrimonial y, en consecuencia, de paz social que impacte en la tranquilidad del país, afirmó la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga.
Al impartir la conferencia magistral: La Política de la Tenencia de la Tierra del Estado Mexicano, en el Colegio de Defensa Nacional, afirmó que el sector agrario tiene una gran relevancia para el funcionamiento del país, “ya que lo rural alimenta a lo urbano” e indicó que en los recientes 8 meses se han resuelto 31 conflictos de esta índole en diferentes regiones del país, en una superficie liberada de unas 71 hectáreas, a favor de más de 10 mil beneficiarios.
Ante militares de diferentes rangos, alumnos de la Maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional, afirmó que desde el Gobierno de la República se trabaja en la implementación del concepto de justicia itinerante, que brinda asesoría en ese ámbito y se complementa con la nueva Ley Agraria, la creación de autoridades jurisdiccionales con autonomía para resolver los conflictos agrarios y una Procuraduría Agraria para asesorar y representar a los sujetos agrarios, a fin de responder con modernidad al campo mexicano.
Recordó que luego de la reforma al Artículo 27 Constitucional en 1992, que establece mecanismos para el ordenamiento, regularización y privatización de los ejidos, a través del dominio pleno, sólo 4,818 núcleos agrarios han optado por éste.
“Después de más de 20 años de esta reforma, solamente el 15 por ciento de los núcleos agrarios ejidales han pedido el dominio pleno, es decir, todavía una gran parte de los núcleos agrarios siguen siendo dueños de sus tierras y parcelas, y representan el 2.5 por ciento del reparto agrario nacional. Esa idea de que se iba a privatizar se rebate con esta cifra tan elemental”, dijo.
Destacó la importancia que tiene para el Gobierno de la República de abatir el rezago en materia agraria con mecanismos que permitan agilizar los trámites en la materia.
“Homologando criterios de actuación, sistematizando los procesos y regularizando evaluaciones periódicas se logró que sólo en tres meses se eliminara el rezago de 153 mil trámites, y ahora 124 mil familias cuentan con documentos que acreditan la propiedad de sus tierras, otorgándoles certeza jurídica y patrimonial”.
Refirió la importancia de coordinar esfuerzos con otras dependencias, como es el caso de la Secretaría de la Función Pública, con la cual se trabaja para erradicar prácticas de corrupción que en muchos casos retrasaban la expedición de los títulos y certificados agrarios.
“Nosotros abatimos el rezago en tres meses, lo hicimos de manera gratuita y con el operativo de usuario simulado, empezamos en una entidad de la República donde teníamos denuncias y logramos que el operativo fuera exitoso, actuó el Ministerio Público junto con la Función Pública”, comentó.
Afirmó, por otra parte, que hoy se promueve una cultura agraria en la que hombres y mujeres del campo tienen la oportunidad de decidir su propio destino respecto al derecho, goce y disfrute de sus tierras y muestra de ello es el Fondo Minero, incluido en la Reforma Fiscal, impulsada por la actual administración federal, que tiene como objetivo fundamental beneficiar la población de 199 municipios de 25 estados con producción minera y dar sustento a los proyectos de infraestructura y equipamiento básico que contribuyan a su desarrollo y arraigo.
El Fondo Minero es un acto de justicia social que permite que, por primera vez, se entreguen recursos a los municipios para obra pública, como resultado del impuesto que ahora pagan las empresas mineras, con lo que empezamos a revertir la paradoja de la mina rica en pueblo pobre”, dijo.
