San Felipe del Progreso, Méx.- La Procuraduría Agraria, organismo de defensa de los hombres del campo, celebró aquí su 25 aniversario, festejo que se dio en medio de fuertes claroscuros. Por un lado, están los avances indiscutibles en materia de justicia social; por el otro, los ingentes problemas que se enfrentan en el agro nacional, a causa de los cuestionados desarrollos mineros, entre otros muchos.
La mayor parte de la tierra nacional (alrededor de 105 millones de hectáreas, de los 200 millones que contiene el territorio nacional), son propiedad social, es decir, están en manos de ejidatarios y comuneros, especialmente; alrededor de 70 millones pertenecen a los pequeños propietarios, es decir, son tierra cuyos dueños son propietarios rurales.
La posesión de la tierra siempre ha sido causa de diversos conflictos, en especial, sociales, aunque, por lo general, los gobernantes los han politizado para medrar con ellos. “La posesión de la tierra es para los campesinos algo similar a lo que es la casa para los habitantes urbanos”, me dijo alguna vez, Saúl Villegas, un viejo conocedor de las entrañas de la política agraria por haberse iniciado en labores administrativas de esta área desde cuando se creó la actual Secretaría de Agricultura (Sagarpa) que contaba sólo con el titular de la dependencia, su secretario particular, una secretaria y muy pocos ayudantes, por lo que él mismo resolvía los problemas que se le presentaban, a diferencia de los tiempos actuales cuando existen, la menos, una docena de dependencia encargadas de esa misma función.
La lucha por la tierra fue uno de los principios básicos que dieron origen a la Revolución Mexicana de hace poco más de un siglo, cuando la antigua hacienda porfirista fue aniquilada y, en su lugar, se creó el ejido y, con él, el reparto agrario que tardó 80 años vigente y que, en casos rayando en lo anecdótico, llevó a repartir hasta pedazos mar y terrenos que entraban a territorio guatemalteco.
De conflictos ya no se diga. Los hubo en múltiples casos, algunos de los cuales terminaron en enfrentamientos entre habitantes del mismo poblado o región y hasta familiares que, en varias ocasiones, tuvieron un final cruento.
Poco antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (Tlcan), se creó la Procuraduría Agraria en un intento por redondear la anhelada justicia social que esperaban los hombres del campo, instancia gubernamental que se sumó a otras más existentes, como la Reforma Agraria (SRA), actual Secretaría de Desarrollo Agrario (Sedatu), ambas con sus respectivos órganos colaterales y los Tribunales Agrarios.
“Los campesinos de México son prioridad para el presidente Enrique Peña Nieto por lo que su gobierno seguirá trabajando para que nuestro campo sea cada día más productivo y una área de justicia social para todos y todas”, afirmó, aquí, la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, al presidir al 25 Aniversario de la Procuraduría Agraria (PA).
Dijo que “esta suma de esfuerzo y coordinación entre instituciones del Estado mexicano es reflejo de un profundo sentimiento en México: ‘el sentimiento y el amor por la tierra, porque la tierra es de quien la trabaja, principio básico con el que se sembró la revolución social que dio origen al Artículo 27 de nuestra Constitución, con el cual se realizó el reparto agrario más importante en el mundo y que permite que las instituciones tengan mayor claridad y certeza y, sobre todo, la capacidad de ejidatarios y comuneros de decidir sobre su propio destino”.
Robles Berlanga pidió a los más de 2 mil 500 ejidatarios, comuneros y campesinos de todo el país (reunidos en esta ceremonia), a autoridades de los tres órdenes de gobierno, a líderes de organizaciones campesinas, legisladores de las Comisiones de la Reforma Agraria de las Cámaras de Diputados y Senadores, que denuncien cualquier acto de corrupción.
Para ello, puso a disposición sus redes sociales y sus oficinas para que inmediatamente se notifique y se pueda actuar en consecuencia. «Nadie, -dijo- absolutamente nadie debe cobrar por la realización de un trámite agrario, ante el Registro Agrario Nacional (RAN) y mucho menos ante la PA. Pido su apoyo para que podamos combatir a los que allá abajo todavía no entienden que somos servidores públicos, que nos debemos a ustedes y que merecen un tratado digno”.
Robles Berlanga no se caracteriza por ser concreta, sino que diluye todos sus mensajes en medio de una palabrería hueca que, muchas veces, no interesa a los hombres del campo, quienes, por naturaleza, son más concretos y sólo exigen solución a sus problemas, sin mayores ánimos de escuchar mensajes políticos, disfrazados de supuesta justicia social.
Más específico, el procurador agrario, Cruz López Aguilar, señaló que las reformas estructurales promovidas por el Gobierno de la República deben convertirse en oportunidades de desarrollo. “Hoy más que nunca, dijo, la Procuraduría Agraria vive y refrenda su origen y compromiso con la gente del campo”.
Detalló que a 25 años de su creación, la institución ha dado certeza y paz social en el campo y «hoy con la participación activa de los sujetos agrarios y sus organizaciones, reitera el compromiso de seguir transformando a México, con la unidad a la que nos ha convocado el presidente Enrique Peña Nieto».
Vamos juntos -destacó Cruz López-, por un nuevo tiempo, por una nueva expresión hacia la justicia cotidiana, que consiste en mayor productividad en el campo, mejores ingresos y una vida digna para todos los sujetos agrarios y sus familias.
Tal mensaje fue más certero, en especial por la actual situación que se vive en el agro nacional, donde, a los problemas irresolutos todavía, se añaden nuevos retos, como es el caso de las concesiones mineras que arrasan con todo donde sientan sus reales.
Este problema se ha recrudecido en los últimos años y las denuncias de los abusos de los concesionarios de minas menudean, día tras día.
De hecho, actualmente existen 110 casos de problemas de minas y de desarrollo de parques de energía alternativa con propietarios de las tierras, quienes luchan por protegerse de esos tipos de despojo con el apoyo de organizaciones sociales, ante la desatención de los organismos oficiales encargados de amparar el derecho de los dueños de la tierra.
Tanto en México, como en Perú, Argentina y otros países latinoamericanos, las mineras canadienses están sentadas en el banquillo de los acusados, problema que alcanza ya hasta al mismo carismático primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
El pasado 7 de octubre de 2016, Jaime Porras Ferreyra, doctor en ciencia política por la Universidad de Montreal, consultor en temas internacionales que participa en medios de España y América Latina, escribió un muy ilustrativo artículo sobre este particular en el New York Times, bajo el sugestivo título: “Justin Trudeau y el lodo de las mineras canadienses en América Latina”, donde secunda a Cris Wattie, de la Agencia Reuters, quien expone que “Trudeau ha levantado esperanzas tan grandes que resulta difícil comprender su mutismo ante uno de los temas más importantes para los latinoamericanos: el reprobable proceder de varias mineras en la región”.
Lo anterior sólo reafirma lo que múltiples organismos nacionales e internacionales de carácter social y socio-política vienen poniendo en entredicho: el beneficio de la actividad minera en países huéspedes donde se convierten en auténticos desastres ambientales con saldo negativo para las poblaciones donde se asientan.
